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Organizaciones feministas rechazan veto de Peppo a la ley sobre guía técnica de abortos no punibles
POR REDACCIÓN
11 de octubre de 2019
Organizaciones feministas y políticas de Chaco rechazaron hoy el veto del gobernador Domingo Peppo a la ley de “Guía Técnica para la atención integral de abortos no punibles” argumentando en una declaración que “la Interrupción legal de los embarazos debe ser garantizada por el Estado en cada servicio de salud pública”. En el veto, Peppo sostuvo que esa ley se sancionó “sin garantizar el derecho a la objeción de conciencia en la red sanitaria provincial” pero en el rechazo a esa decisión se sostuvo que así evidencia que “desconoce derechos y desatiende las libertades en juegos y coloca en situación de indefensión” a las mujeres. Esta posición es sostenida por el Colectivo Feminista Estamos Listas, Mujeres Peronista con Cristina, CTA de los Trabajadores, Utre-Ctera, Frente de Mujeres La Cámpora, Peronismo Militante, Avance Popular Revuelta Feminsta, Sindicato de Amas de Casa,senadora María Pilati Vergara, diputada Lucila Masin, diputada Gladys Cristaldo y concejal Nancy Sotelo. También adhieren el Espacio Peronismo Popular, Mujeres Evita Chaco, Trabajadoras del Espacio Público CTEP, Frente de Mujeres Unidos y Organizados, Mala Junta Frente Patria Grande, Subsecretaría de la Mujer Municipio de Resistencia, A.T.T.A.C Chaco, Agrupación Scalabrini Ortiz, Agrupación Municipal 8 de Noviembre, Fundación Teresa de Calcuta, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Comunista Revolucionario y Corriente Clasista Combativa Esas organizaciones destacan que “la objeción de conciencia debe ser auténtica, estar sometida a un 'acabado escrutinio' para su procedencia y en absoluto responde a la responsabilidad institucional y el mismo fallo reconoce el derecho de la objeción de conciencia aclarando que podría funcionar siempre que no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio”. “Exigimos a nuestros legisladores el tratamiento especial de este veto, la decisión por el cuerpo es un derecho y en este caso está siendo amenazado, no aceptamos que en nombre de unos pocos o en nombre de una religión, se arranquen derechos adquiridos”, acotaron. Luego remarcaron que “la interrupción legal de los embarazos debe ser garantizada por el Estado en cada servicio de salud pública en una provincia donde los embarazos forzosos en niñas y adolescentes son innegables realidades en todo nuestro territorio, como así también los abusos sexuales intrafamiliares y una extrema violencia de género que ha provocado casi una docena de muertes evitables”.
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