Pedirán al FMI prorrogar todos los vencimientos de deuda del acuerdo que firmó Macri

El Gobierno aspira a prorrogar todos los vencimientos de deuda con el FMI que quedaron pendientes del acuerdo firmado por Mauricio Macri. Eso implica despejar una pesada carga de pagos de u$s 46.000 millones que termina en el 2023.

El plan no es una sorpresa para el organismo, ya que en los hechos es un objetivo que Hernán Lacunza, último ministro de Hacienda de la gestión saliente, había puesto sobre la mesa al anunciar el reperfilamiento de la deuda, a fines de agosto.

Martín Guzmán  volvió a poner este pedido en la agenda inmediata de discusión con el Fondo. La misión técnica que arribará a Buenos Aires el 12 de febrero tendrá que evaluar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo a partir del plan que ejecuta el ministro de Economía,  y recomendar a las autoridades del organismo que pasos adoptar.

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El equipo económico diseñó toda su estrategia en torno a ese concepto: se harán los esfuerzos que se puedan cumplir, ya que creen que forzar a la economía a cumplir un mayor ajuste fiscal en medio de una recesión, es una "irresponsabilidad" que solo conducirá a un nuevo fracaso.

Según comentó una fuente oficial que trabaja en el diseño de esta estrategia, la siguiente instancia clave en este proceso será la presentación que hará Guzmán en el Congreso, a mediados de mes. Ahí van a estar los números que quiere ver el mercado: la proyección de superávit fiscal que puede generar el país a mediano plazo, así como el saldo de la balanza comercial y de pagos, indicador que pondrá de manifiesto cuántos dólares excedentes tendrá la Argentina para cumplir con sus acreedores externos.

Esos datos serán mirados con lupa por los inversores, porque de alguna manera explicarán los fundamentos de la oferta que recibirán días más tarde los tenedores de bonos. En esa proyección estará contemplada la reprogramación de los vencimientos del FMI. También permitirá inferir el plazo de aplazamiento y eventual quita que se solicitará a los privados.

El equipo económico rechaza de plano la idea de que no hay un plan. Sostiene, por el contrario, que todas las decisiones tomadas desde el 10 de diciembre responden a un programa integral, y que cada medida ejecutada está calibrada dentro de esa geografía. En esa línea incluyen los pasos dados por el Banco Central, con cuyas autoridades hay una coordinación plena.

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es la primera pieza central de la estrategia, porque genera un esfuerzo fiscal de entre 1,5% y 2% del PBI. Esa señal es música para los oídos del Fondo, porque marca un compromiso real hacia la obtención de un superávit en las cuentas públicas. El otro factor que facilitará la discusión interna que pide la Argentina es que no hay un reclamo de fondos frescos.

La decisión de no usar los u$s 13.000 millones pendientes es un gesto fuerte, ya que le permitirá al FMI una recuperación inmediata de una parte de su cartera, que quedó comprometida al aprobar para la gestion de Macri el préstamo más alto concedido en su historia, de u$s 57.000 millones.

Todo esto, claro está, será posible si obtiene el visto bueno de los países que integran el directorio del organismo. Por esa razón Alberto Fernandez continuará con esta prédica a lo largo de toda su visita europea (con la bendición papal ya asegurada). Y Guzmán se sumará en el tramo final, para reforzar el discurso con Ángela Merkel y sus funcionarios, habitualmente escépticos a la hora de habilitar flexibilizaciones de este tipo.

No está claro aún si para cancelar el acuerdo vigente hace falta otro. La Casa Rosada prefiere evitar nuevos compromisos, pero eso dependerá de cuánto estén dispuestos a conceder los socios del Fondo.

En toda esta negociación el factor tiempo es clave, porque si bien el Gobierno encontró una fórmula razonable para la deuda en pesos (la refinanciación de lo que vence a cambio de nuevos bonos, como anunció el viernes con el Dual) no pasa lo mismo con la deuda en doláres. Las divisas siguen siendo escasas y por eso se espera que el proceso culmine a fin de marzo, y eventualmente se dilate hasta abril.

Pero en su equipo destacan un dato que los analistas no ponderan de igual manera: no hay que negociar deuda en estado de default, como ocurrió en 2005, sino performing. Lo que se está pidiendo es una actualización del contrato, de buena fe y en forma voluntaria. Es complejo, pero menos. Por eso creen que las instancias previstas para discutir la oferta serán suficientes. 

EL CRONISTA