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Economía > De qué trata

Proyecto Inocencia Fiscal: multas de ARCA podrían llegar a $10 millones

El proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, con media sanción en Diputados, propone una actualización integral de las multas que podrá aplicar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por incumplimientos fiscales.

POR REDACCIÓN

24 de diciembre de 2025
Con la ley de Inocencia Fiscal aumentará el monto a partir del cual el contribuyente encuadra en el Régimen Penal Tributario. (Archivo)

El proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda tratamiento en el Senado, incluye una fuerte actualización de las multas que podrá aplicar ARCA por incumplimientos formales y por falta de presentación de declaraciones juradas. Bajo el esquema propuesto, las sanciones máximas para personas jurídicas por omisiones informativas podrán alcanzar los $10 millones, un salto muy significativo respecto a los valores actuales. 

Según el texto en discusión, las multas por faltas formales como no presentar a tiempo una declaración jurada aumentarán de cifras irrisorias como $200 o $400 en el régimen vigente a montos mucho mayores que buscan que las sanciones sean realmente disuasorias. Por ejemplo, en el caso de declaraciones juradas informativas, el piso sancionatorio pasará a ser de $5 millones para personas humanas y el máximo de $10 millones para sociedades.

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El proyecto también contempla un mecanismo de actualización automática de montos basado en la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) desde 2027, para evitar que las sanciones pierdan eficacia frente a la inflación. Este ajuste busca dar previsibilidad al sistema y asegurar que las multas mantengan su capacidad de disuasión. 

Estas reformas se inscriben en una revisión más amplia del régimen penal tributario y de la relación entre el fisco y los contribuyentes, que busca equilibrar la presunción de inocencia con mecanismos de control más eficientes. Sin embargo, la magnitud de los aumentos propuestos generó inquietud entre contadores y representantes de pymes, que reclaman una reglamentación que contemple márgenes de gracia o condiciones diferenciadas según el tamaño del contribuyente.

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