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Política > Por más beneficios

San Juan declarará a la telefonía móvil como servicio público esencial

Será en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados.

14 de octubre de 2020

Además de los proyectos urgentes que envió el Poder Ejecutivo en el marco del Acuerdo San Juan, este jueves la Cámara de Diputados declarará a la telefonía móvil como servicio público esencial. Además se les pedirá a los legisladores nacionales que realicen las gestiones necesarias y conducentes a fin de que la Comisión Bicameral Permanente valide el decreto presidencial que tiene por objeto declarar a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios esenciales.

“En la actualidad muchas actividades pasan por el uso del celular y es vital que legislemos sobre el tema. La telefonía móvil termina siendo esencial y por ende debemos generar acciones que busquen un mejor servicio, pero además la creación de un ente que regule y controlo todo lo que sucede con la prestación de este servicio”, explicó el diputado bloquista Edgardo Sancassani, auto del proyecto.

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Al mismo tiempo aclaró que el pedido que le harán a los seis diputados nacionales busca lograr el apoyo nacional para que el decreto presidencial sea también trabado en el Congreso de la Nación.

El diputado Edgardo Sancassani fue el autor del proyecto, foto archivo DIARIO HUARPE.

“El sector de la telefonía móvil es un oligopolio privado perfecto. Solo hay tres compañías pero si observamos bien no compiten entre sí, dado que ofrecen similares servicios y planes con cobro de tarifas excesivamente onerosas”, añadió el diputado.

Para finalizar Sancassani sentenció que “según diversos organismos que defienden los derechos de los consumidores, los principales reclamos que corresponden a la telefonía celular tienen que ver con cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía. Por eso, declarar a la telefonía móvil como un servicio público implicaría que un Estado regule precios, garantice derechos de los consumidores tal es el caso de la portabilidad numérica, tarifas sociales, el entorno de interconexión entre empresas y la calidad y continuidad de los servicios, como así también aumentar paulatinamente la accesibilidad de usuarios en áreas aisladas y rurales”.

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