Ya son cuatro los fallos que fueron contra juicios abreviados en el sistema acusatorio

Durante casi seis meses no hubo ningún fallo judicial que no convalidara los términos de un juicio abreviado en el sistema acusatorio y ahora, en menos de 30 días, ya se cuentan cuatro que rechazaron o modificaron ese tipo de acuerdos entre el fiscal y la defensa. Primero se conoció uno del juez Diego Sanz, luego otro de su colegas Federico Rodríguez y ahora trascendieron uno más del primer magistrado y uno de la jueza Gema Guerrero. En todos los casos, queda bajo la lupa la tarea de los abogados que representaron a los imputados.

La consecución de los fallos abre el interrogante de si hay una nueva tendencia de los jueces de Garantías del sistema acusatorio. Las resoluciones de Sanz, Rodríguez y Guerrero son los primeros en cuestionar o no homologar los acuerdos condenatorios.

El sistema acusatorio nació en febrero y hasta principios de agosto, jamás un juicio abreviado (el imputado reconoce el hecho y el fiscal y la defensa acuerdan una pena más leve) se cayó por la oposición de un magistrado. Casi todos los días hubo uno, siempre tuvieron la rúbrica de los jueces y a los imputados se les aplicó la condena consensuada.

Lo que parecía una constante, empezó a tener un freno el mes pasado. Sanz, Rodríguez y Gerrero no homologaron acuerdos o cambiaron el castigo al acusado, por considerar que era desproporcionada. Es decir, no dieron el consentimiento pleno a lo que firmaron el representante del Ministerio Público y el abogado defensor.

Sanz hizo punta con el rechazo a un acuerdo que le imponía 2 años de prisión condicional a un hombre denunciado por abusar de su hija. El juez concluyó que no había delito, sobreseyó al imputado y les impuso un “severo llamado de atención” a los abogados defensores Patricia Basso y Omar Farías.

Unos días después, Rodríguez anuló un acuerdo que mandaba al Penal de Chimbas a un hombre que mató al volante. Su fundamento fue que el imputado, que reconoció los hechos y dio su consentimiento para un juicio abreviado, no era consciente de que tenía que cumplir una pena de prisión efectiva.

Guerrero, por su parte, convalidó la condena por juicio abreviado de un hombre acusado de abuso sexual, pero bajó la pena acordada entre fiscal y la defensa de tres años a un año y medio por entender que la primera excesiva.

El más reciente es uno nuevo de Sanz, del 30 de agosto. El juez rechazó un juicio abreviado condenatorio contra un hombre por un presunto abuso sexual contra una nena de 10 años y el argumento fue que el imputado no reconoció el hecho (lo negó expresamente incluso) y, en consecuencia, no se cumplió con un requisito vital para formular un acuerdo de esa naturaleza. Al mismo tiempo, le aplicó un llamado de atención al abogado defensor Horacio Merino.

En los casos donde no hubo homologación del acuerdo, la causa contra el imputado sigue. Si hay condena o no se terminará por decidir en un juicio ordinario.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, negó que se trate de una tendencia, sostuvo que en todo caso puede ser “una casualidad” en donde confluyen distintos puntos de vista desde lo jurídico. Aunque una fuente calificada de Tribunales observó que la mayoría de los jueces es nuevo y especuló con que tal vez no estaban bien afirmados para observar los acuerdos firmados por los fiscales.

Las objeciones de los magistrados surgieron después de que muchos abogados penalistas, hoy agrupados en una asociación que se lanzó durante agosto (ASAP), advirtieran que había un exceso en el uso de la figura del juicio abreviado en el sistema acusatorio. Es más, la entidad emitió hace poco un comunicado apoyando la primera resolución de Sanz y el llamado de atención a los letrados que representaron al imputado y llamó a los colegas a no asumir defensas endebles.

Las fuentes tribunalicias aseguran que si bien los jueces han dado fundamentos jurídicos en cada uno de los fallos en cuestión, no hay que perder de vista que existe una puja silenciosa con el Ministerio Público. El órgano que dirige Eduardo Quattropani pasó a tener mucho más protagonismo en el sistema acusatorio, ya que la investigación es propiedad exclusiva de los fiscales y son ellos los que generalmente se encargan de comunicar públicamente las novedades ocurridas en las causas.