El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, anunció que presentará una denuncia judicial contra una agencia privada que habría gestionado ciudadanías argentinas a inmigrantes africanos y árabes en tiempos reducidos.
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El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, anunció que presentará una denuncia judicial contra una agencia privada que habría gestionado ciudadanías argentinas a inmigrantes africanos y árabes en tiempos reducidos.
Una causa judicial investiga presuntos vínculos entre el jefe del Servicio Penitenciario Federal y una empresa que provee alimentos a cárceles, en medio de sospechas sobre contrataciones y posibles irregularidades en la gestión de recursos.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas reveló que no se puede reconstruir el recorrido ni los destinatarios finales de alimentos comprados por el Ministerio de Capital Humano.
La futura senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri profundizaron sus críticas a la conducción del fútbol argentino y a Claudio “Chiqui” Tapia.
La Anmat ordenó sacar de circulación dos jabones líquidos tras detectar que se vendían sin inscripción oficial, con datos falsos sobre su fabricante y sin trazabilidad que garantizara su composición.
El juez federal Pablo Quiroz y el fiscal electoral Fernando Alcaraz destacaron la normalidad con que se desarrolló la jornada electoral en la provincia. Informaron que se registraron solo cinco denuncias, todas de carácter menor.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la inhabilitación preventiva de Laboratorios Polybius, con sede en Rosario, tras detectar incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación.
Leonel Del Castillo, padre de Brenda, y otros familiares cuestionan la versión oficial de la investigación del triple homicidio en Florencio Varela. Aseguran que el joven acusado no puede ser líder de la banda y alertan sobre posibles desvíos en la causa.
El vocero presidencial informó que la Agencia Nacional de Discapacidad suspendió más de 110.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral otorgadas de forma irregular. El recorte equivale a un ahorro estimado de $35 mil millones por mes.