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Denuncian irregularidades en obra social de Camioneros y piden intervención
Una legisladora solicitó a la Superintendencia de Servicios de Salud que intervenga la obra social de Camioneros por presuntas irregularidades, problemas financieros y deficiencias en la atención.
POR REDACCIÓN
La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un pedido formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud para que intervenga la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca), al advertir supuestas irregularidades en el manejo de fondos y deficiencias en las prestaciones médicas.
El planteo se sustenta en el artículo 27 inciso 3° de la Ley 23.660, que habilita a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante fallas graves en su funcionamiento administrativo o prestacional. Según la presentación, la entidad arrastra problemas estructurales que impactan en la atención de unos 190 mil afiliados.
En el escrito, Ocaña sostiene que los recursos de la obra social no se traducen en mejoras en el servicio de salud. “Los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio”, afirmó, y señaló que la entidad habría funcionado como “una especie de caja chica” vinculada al entorno de Hugo Moyano.
La legisladora también repasó antecedentes judiciales. Entre ellos, la causa 18304/2006, en la que se investigó el presunto desvío de fondos hacia empresas vinculadas al entorno del dirigente sindical. En ese marco, mencionó a la firma Iarai S.A., que administró la obra social bajo la denominación “Conducir Salud”.
De acuerdo con la presentación, informes de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) detectaron maniobras de triangulación de dinero con empresas relacionadas. Esas operaciones habrían involucrado montos millonarios y derivado en denuncias por presunta sustracción de fondos.
En términos económicos, el documento señala que la obra social presenta indicadores negativos, como bajo nivel de liquidez, endeudamiento y patrimonio neto deficitario. A esto se suma una caída en la cantidad de beneficiarios en los últimos años.
Además, se consignó que, pese al incremento de subsidios estatales, la situación financiera no evidenció mejoras sostenidas. También se mencionan transferencias recientes a fideicomisos vinculados a allegados del entorno sindical.
Finalmente, Ocaña planteó que la normativa vigente obliga a las obras sociales a destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud. En ese sentido, sostuvo que el incumplimiento de estos criterios, junto a las deficiencias detectadas, justificaría la intervención estatal de Oschoca.