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Judiciales > Juicio abreviado

Títulos truchos: condenaron a la preceptora a tres años de prisión, pero no irá presa

Natalia Arroyo aceptó la culpabilidad y reconoció el ilícito.

POR REDACCIÓN

18 de mayo de 2021

El escándalo por los títulos truchos tuvo su primera condenada. La preceptora Natalia Arroyo fue sentenciada a la pena de tres años de prisión condicional, lo que significa que no irá a prisión, sino que se le concedió la inmediata libertad debido a que desde el viernes estaba detenida preventivamente hasta esta audiencia de formalización que se realizó durante la mañana de este martes en la Sala 6 de Tribunales.

A la profesional se la encontró culpable del delito de falsificación de documentos públicos en beneficio de cinco alumnos que lograron egresarse de la escuela Presidente Néstor Kirchner, de Albardón. La abogada de la implicada, María Filomena Noriega, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el doctor Iván Grassi, acordaron la pena en juicio abreviado. Este fue homologado por el juez Diego Sanz.

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Arroyo fue catalogada como partícipe principal de la maniobra delictiva.Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Arroyo fue catalogada como partícipe principal de la maniobra delictiva en ayuda de Patricia Salvatierra, directora del establecimiento en el periodo del 2015-2019, donde entendieron que fue su “mano derecha” para que estos cinco alumnos (incluido el hijastro de la directora) lograran egresarse sin haber asistido a la institución educativa y por ende no haber rendido materias para acreditar el ciclo lectivo.

Durante la audiencia la implicada estaba conmovida. Se la veía con sus ojos llorosos y cada vez que Grassi le leía la imputación, Arroyo se tomaba la cara, compungida. Se abstuvo de declarar frente al magistrado, pero a la hora de la lectura de sus datos personales miraba hacia al techo cuando le tocó decir los nombres de sus padres.

La preceptora estará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante el plazo de seis años. Desde Fiscalía de Estado, como parte querellante en representación de los intereses del Estado sanjuanino, se reservaron la facultad de pedir que la mujer pase por un proceso civil en el caso de que sea necesario.  

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