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Política > Impacto del coronavirus

El planteo que hará el Gobierno a los estatales: prorrogar sin fecha los aumentos de mayo y julio

En apenas un mes, los ingresos públicos cayeron 30%.

05 de mayo de 2020

En el Gobierno provincial ya avisaron que la profunda crisis económica que está generando el coronavirus obliga a revisar los dos aumentos de sueldos que se avecinan para los empleados públicos y se los harán saber oficialmente a los gremios en una reunión que mantendrán entre esta semana y la que viene. La idea que llevarán las autoridades del Ministerio de Hacienda es prorrogar el pago de esos incrementos sin fecha límite, o sea hasta que la situación mejore y las cuentas fiscales se recuperen.

En marzo, los estatales y el Gobierno provincial acordaron un aumento de haberes dividido en tres etapas: 5,5% a partir de ese mismo mes, 3,5% desde mayo y 4,5% más con el sueldo de julio. El primero se aplicó sin problemas antes de que se desatara el drama de la pandemia, pero los otros dos están más cerca de quedar congelados por el severo impacto de la cuarentena que impera en todo el país desde el tercer mes del año.

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La ministra de Hacienda, Marisa López, convocará en estos días a las autoridades de los sindicatos con representación en el Estado, con el ánimo de analizar la situación y tratar de llegar a un acuerdo sobre cuándo y cómo abonar los dos últimos tramos de la suba.

Fuentes calificadas del Gobierno provincial adelantaron que el planteo a los dirigentes será suspender los aumentos hasta nuevo aviso. La intención es no fijar nuevas fechas de pago, sino que dependa de que la reactivación paulatina de las distintas actividades empiece a generar dividendos frescos para el Estado.

En el Gobierno evalúan que no sería responsable y que no tendría mucho sentido que se pongan plazos, porque la única certeza que ofrece la pandemia es que nadie puede anticipar qué va a pasar. En el mundo entero hay incertidumbre acerca de cuánto podría llevar que la economía muestre síntomas reales de recuperación y San Juan no es la excepción.

Si hay fecha, podría ser en todo caso para rediscutir el tema. Sería volverse a juntar con el objetivo de analizar si las cuentas públicas mejoraron lo suficiente como para cumplir con los incrementos y definir cómo se haría, si en forma escalonada o de una vez.

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No hay mucho misterio en cuál será la introducción de la titular de Hacienda en la reunión con los sindicalistas, a modo de síntesis de por qué es necesario buscar opciones. Las cuentas están a la vista. Los ingresos del Estado provincial en abril fueron un 30% menos de lo que se presupuestó y en el acumulado del primer cuatrimestre, la pérdida nominal llega nada menos que a $3.400 millones.

Mayo se espera que sea peor. Ese mes se liquidarán IVA e Ingresos Brutos de abril (son los impuestos que más alimentan el presupuesto fiscal), cuando casi no hubo ventas ni facturación por efectos de los 30 días continuos de paralización de la gran mayoría de las actividades económicas.

La provincia viene haciendo ajustes en distintas áreas para compensar el déficit fiscal y atender al mismo tiempo los gastos extras que están surgiendo por el coronavirus en materia de salud y seguridad. La misma López sostiene que se en ese contexto se hace casi imposible afrontar los dos aumentos salariales para la administración pública en las fechas acordadas.

Entre otras cosas, el gobernador Sergio Uñac dispuso bajar un 30% el sueldo de toda la planta política y reasignar partidas que estaban reservadas para obras públicas por un total de $4.000 millones. Todo ese dinero se direccionó a engrosar los presupuestos de Salud y Desarrollo Humano, para preparar la infraestructura sanitaria para los casos de COVID-19 y asistir a los sectores sociales que más afectados se ven por la cuarentena.

La inédita situación que viven San Juan, el resto de las provincias y el país llevó a pensar en algo que hasta hace poco era casi improbable: echar mano por primera vez al Fondo Anticíclico. Se trata de un colchón financiero equivalente a dos grillas salariales (hoy asciende a $6.400 millones) que se puede usar nada más que para atender urgencias y según López, no está descartado que se tengan que usar.

En el Gobierno apelan a que los gremialistas entiendan que la situación es sumamente delicada y que para adelante hay grandes interrogantes. Tan es así, que muchos gremios del sector privado acordaron sin mucha discusión una baja de salarios a cambio de que los empresarios sostengan las fuentes de trabajo.

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