Judiciales > Estafa educativa
La Justicia investiga un entramado de tecnicaturas truchas ligado al Instituto Christine
La nueva imputación contra Karen Heredia, la misma mujer investigada por la venta ilegal de carpetas del IPV vinculada a una iglesia evangélica, vuelve a exponer un entramado de cursos y tecnicaturas sin aval oficial, mientras archivos periodísticos revelan que las denuncias por estafas educativas se repiten desde años atrás.
La mujer apuntada por la venta ilegal de carpetas del IPV en una iglesia evangélica volvió a quedar envuelta en un proceso judicial, esta vez por encabezar un instituto privado que ofrecía tecnicaturas y cursos sin ningún tipo de reconocimiento oficial. La imputada recibió nuevas denuncias y ahora se investiga un esquema educativo que operó durante años bajo el nombre “Instituto Christine”, pese a no contar con aval del Ministerio de Educación.
La causa surgió a partir de una serie de presentaciones realizadas por alumnos de la tecnicatura en Criminalística, quienes advirtieron que la formación por la que pagaban no figuraba en ningún registro oficial, que el plan de estudios no existía y que la institución nunca había sido habilitada. El material aportado —libretas, recibos, contratos y publicaciones en redes sociales— permitió acreditar que las cuotas se pagaban en efectivo en la sede ubicada en calle Rivadavia 132 (E) o mediante transferencias a cuentas personales de la acusada.
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Las publicidades difundidas en la página de Facebook del establecimiento mostraban un abanico de propuestas que abarcaba desde salud hasta ciencias forenses, administración y oficios breves. En ese catálogo figuraban Auxiliar y Asistente de Farmacia, Enfermería, Criminalística, Administrador Contable, Asistente de Veterinaria y un curso de Monotributista, además de talleres como Fotografía Forense, Balística, RCP y Canalización e Inyectables. Varias de estas formaciones se promocionaban como carreras de hasta tres años de duración, con cursado presencial y cuotas mensuales.
El Ministerio de Educación confirmó que la mujer había iniciado un expediente de habilitación en 2023, pero nunca presentó la documentación requerida, por lo que el trámite caducó. Sin embargo, el instituto ya funcionaba antes de esa fecha y seguía incorporando alumnos, lo que agravó el impacto de la maniobra.
Los antecedentes del caso aparecen registrados en notas periodísticas de archivo que dan cuenta de situaciones similares ocurridas años antes. En septiembre de 2023, Telesol y Canal 13 San Juan sacaron una nota donde un grupo de estudiantes se manifestó en la puerta del Centro Cívico denunciando que habían sido estafados por el mismo instituto. Aquella cobertura relataba que los alumnos de Enfermería descubrieron la falta de aval ministerial cuando intentaron validar sus estudios y que la directora del establecimiento había abandonado repentinamente el lugar donde dictaba clases, sin dar respuestas ni devolver el dinero invertido.
Otro antecedente se desprende de una publicación periodística de enero de 2025, publicada por Tiempo de San Juan, donde se revelaba que un empleado de la morgue del Hospital Marcial Quiroga había sido imputado por dictar, también bajo la estructura del Instituto Christine, una supuesta “Tecnicatura de Evisceración y Morgue” sin autorización oficial. Según aquella investigación, el acusado invitaba a los estudiantes a realizar prácticas en la morgue sin permisos y se presentaba como docente universitario, algo que fue desmentido por la propia institución académica.
La acumulación de estos episodios configura un panorama que la Justicia ahora considera parte de una misma trama de estafas educativas, en la que se habrían captado alumnos mediante información falsa y promesas de títulos inexistentes. Mientras avanza el proceso penal, los damnificados esperan que se determine el alcance del perjuicio y buscan alternativas para continuar sus estudios tras ver frustradas sus expectativas profesionales.