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ARCA detalla la presunción de inocencia fiscal en el Presupuesto 2026
Javier Milei presentó el proyecto para cambiar el régimen tributario y fomentar la producción, mientras Juan Pazo explicó las medidas para reducir la vigilancia estatal y simplificar la declaración de ganancias.
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei anunció el lunes, durante la presentación del Presupuesto 2026, que insistirá en implementar el proyecto de presunción de inocencia fiscal. Juan Pazo, titular de ARCA, explicó en detalle esta iniciativa que busca modificar el régimen tributario para estimular la producción y sacar los dólares "del colchón".
En cadena nacional, Milei expresó: "Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo, buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva".
Por su parte, Pazo confirmó que cuentan con el respaldo de diecisiete provincias para avanzar con esta propuesta. Según el titular de ARCA, "es fundamental para cambiar el esquema de vigilancia excesiva que tenía el organismo sobre los contribuyentes y pasar a un esquema de libertad, donde cada uno puede hacer y disponer de sus fondos de la manera que quiera".
El cambio no comenzó únicamente con esta iniciativa. En junio de 2025, ya se eliminaron numerosos regímenes informativos que obligaban a bancos, escribanos e inmobiliarias a reportar datos económicos y personales de los ciudadanos, explicó Pazo en diálogo con Radio Rivadavia.
Como ejemplo, el funcionario mencionó la actualización de umbrales para regímenes de información: "¿Recuerdan que, al hacer una compra en el supermercado superior a cien mil pesos, era necesario dividir el changuito y solicitar diferentes tickets? Todos esos umbrales fueron actualizados: el umbral de consumo pasó a diez millones de pesos y el de transferencias bancarias, a cincuenta millones de pesos".
Además, ARCA emitió una normativa que permite la adhesión voluntaria a un régimen simplificado de ganancias. Con más de once mil personas ya incorporadas, este sistema está vigente aunque la ley aún no haya sido aprobada. Quienes declaran ganancias pueden optar por adherirse a este régimen.
La principal diferencia con el régimen actual es que los contribuyentes deben ingresar la facturación anual y los gastos deducibles, pero no los consumos personales ni el incremento patrimonial. Pazo aclaró: "Actualmente, cualquier contribuyente, sin importar el tamaño de su empresa, debe completar la misma declaración. Con el nuevo régimen simplificado, solo se considerará la información de facturas y gastos deducibles".
Este cambio permite que los ciudadanos utilicen el ahorro acumulado a lo largo de los años, protegido contra la devaluación, la inflación y los controles estatales, para destinarlo a la producción, agregó el titular de ARCA.
Respecto a la inseguridad jurídica generada por la vía decreto, Pazo indicó que la presentación por ley de la presunción de inocencia fiscal busca garantizar a los ciudadanos que futuros gobiernos no revertirán esta situación. "Es para dar garantías al que una administración tributaria de un gobierno de un distinto signo político no puede perseguirlo", afirmó.
El objetivo es cambiar la filosofía del régimen tributario argentino, abandonando su carácter persecutorio para adoptar la premisa de que "todo contribuyente es inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario". Según Pazo, esta es una diferencia fundamental con los años previos.
También se modifican los plazos de prescripción para determinaciones tributarias: se reducen de cinco a tres años, otorgando mayor certeza a los contribuyentes. En seguridad social, el plazo baja de diez a cinco años. Además, quienes presenten sus declaraciones en tiempo y forma podrán regularizar incumplimientos pagando el monto correspondiente.
Finalmente, Pazo destacó que, a diferencia de blanqueos anteriores, este régimen tributario tiene un carácter permanente, similar al de muchos países que se enfocan en los flujos y no en los activos acumulados. El régimen busca incorporar al sector informal de la economía, afectado por el tamaño del Estado y el aumento del gasto público.