15 deudores del IPV, cerca de ser demandados en la Justicia

Tras diversos intentos por cobrar, el IPV remitió esta semana a la Fiscalía de Estado 15 expedientes de deudores. Todos son beneficiarios de préstamos que el organismo les dio para construir sus casas y aunque fueron intimados varias veces para ponerse al día con el pago de la cuota, siguen sin cumplir. Si no cancelan lo que deben, serán demandados en la Justicia ordinaria y podrían llegar a perder sus viviendas.

No es usual que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) apele a la vía judicial para que los adjudicatarios morosos cumplan con el pago de la cuota mensual. Lo que sucede en este caso es que, según la número dos del organismo, Daniela Cangialosi, son deudores con los que se buscaron distintas alternativas para que cancelen lo que deben y no hubo caso.

Los 15 morosos son adjudicatarios de la operatoria individual, es decir tenían un terreno propio y le pidieron al IPV un crédito para levantar allí una casa. Con el inmueble hipotecado a modo de garantía de repago, deben devolver al dinero en cuotas mensuales.

Cangialosi explicó que en sede administrativa, se les concedieron varios planes de pago que se terminaron cayendo por falta de pago. Por eso, explicó, nos les quedó otra que mandar los expedientes a Fiscalía de Estado, para intentar cobrar por la vía judicial.

La funcionaria contó que los morosos en la mira deben, como mínimo, 12 cuotas. Y si bien no dio a conocer cuál es el monto global en juego, sostuvo que las deudas van de $250.000 a 700.000.

Antes de que se interponga la demanda, hay una instancia de mediación entre el deudor y los abogados de Fiscalía de Estado. Si no hay acuerdo, el próximo paso del organismo que defiende en patrimonio de la provincia es ejecutar la deuda en la Justicia.

Los deudores se exponen a la peor consecuencia, que implicaría perder hasta sus casas. Esto, debido a que el inmueble se encuentra hipotecado y la Justicia tranquilamente puede disponer la venta para que el IPV se cobre del producido de esa operación.

En el organismo que ejecuta la política habitacional del Gobierno están seguros que los deudores pueden ponerse al día. Lo deducen de la solvencia que demostraron a la hora de pedir el crédito y de que ninguno expuso no poder ponerse al día ni pidió un trato excepcional.

Cangialosi insistió en que “no nos gusta quitarle la casa a nadie”.  No obstante, aseguró que en estos casos “les hemos dado muchas instancias y podrían habernos planteado cualquier problema que ellos tuvieran, pero no hemos recibido ninguna respuesta”.

Los deudores no sólo se perjudican a sí mismos. También a las miles de familias que esperan una causa del IPV, ya que los morosos afectan el financiamiento del IPV y lo privan de tener más recursos disponibles para construir viviendas.

Cifra

200
Son los casos investigados por irregularidades habitacionales, entre las que se destacan casas no habitadas, alquiladas o transferidas indebidamente por los adjudicatarios.