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A un año de su aprobación, el 75% de los RIGI de San Juan siguen pendientes
San Juan lidera la cartera nacional de inversiones bajo el Régimen de Incentivo, comprometiendo más de USD 13.237 millones, pero tres de los cuatro gigantes mineros que hicieron presentaciones todavía esperan la validación de Nación.
Por Marcos Ponce
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha por el Congreso Nacional el 22 de octubre de 2024 como parte de la Ley Bases, está por cumplir su primer aniversario. En este marco, San Juan se consolidó como una provincia clave: desde su adhesión mediante la Ley Provincial 2.671-I, se presentaron cuatro proyectos que, en conjunto, suman una inversión comprometida de USD 13.237 millones. Este monto representa el 38,2% del total de las inversiones propuestas a nivel nacional.
Sin embargo, el balance del primer año es dispar. A pesar del volumen de capital en carpeta, el único proyecto que hasta el momento ha sido aprobado es el de Los Azules, con una inversión estimada de US$ 2.700 millones.
El yacimiento de cobre, ubicado en Calingasta, fue el octavo proyecto aprobado en el marco nacional del RIGI. Este aval fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien subrayó la "muy significativa" apuesta de la compañía por la provincia. Se proyecta que Los Azules generará más de 3.500 empleos directos e indirectos, y sumará exportaciones anuales por USD 1.100 millones.
Más de USD 10.500 millones en lista de espera
Si bien la "luz verde" para Los Azules es un hito crucial, la mayor parte de la inversión comprometida por San Juan — más de 10.500 millones de dólares— sigue en etapa de análisis en la Nación.
Las propuestas de inversión restantes reflejan la ambición minera de San Juan. La solicitud de mayor envergadura corresponde a El Pachón, donde Glencore presentó su Vehículo de Proyecto Único (VPU) para obtener el RIGI, con una propuesta de US$ 9.533 millones destinados a la extracción de cobre, molibdeno y plata. Por otro lado, la extensión de la vida útil de Veladero también está en trámite, ya que Barrick Gold y Shandong Gold solicitaron el régimen con una inversión de US$ 400 millones para ampliar sus fases de procesamiento. Finalmente, la empresa Minas Argentinas fue la primera en iniciar el proceso por el proyecto Gualcamayo; no obstante, tras recibir observaciones de Nación, decidieron rehacer el pedido por un monto total de inversión de US$ 665 millones.
Al considerar estos cuatro proyectos, el gobernador sanjuanino había puesto en valor el liderazgo provincial al expresar que "la mayoría de los proyectos presentados en la Nación corresponden a San Juan". La provincia mira aún más allá, considerando el futuro proyecto Vicuña, que ha prometido una inversión de unos USD 15.000 millones, lo que elevaría la potencial inversión total a más de USD 26.000 millones en los próximos años.
La minería, el foco del RIGI en el país
El enfoque sanjuanino en la minería refleja la tendencia nacional del RIGI. En su primer año, el programa atrajo un total de 20 proyectos por un monto que asciende a USD 34.422 millones. La concentración de las propuestas es abrumadora: la minería representa el 65% del monto total de inversiones, seguida por la energía, que aporta el 33%, absorbiendo ambos rubros el 98% del capital comprometido.
Esta concentración en minerales y combustibles se acentuó por el impulso de proyectos orientados al cobre, como las propuestas de Glencore para San Juan y Catamarca.
En contraste, el informe del Centro de Estudios de Gobernanza Global (CEGG) señaló la persistente falta de diversificación sectorial, ya que áreas como la foresto industria, la tecnología y el turismo aún no generaron propuestas relevantes bajo este régimen. Mientras la Nación sigue evaluando los 12 proyectos restantes en su carpeta, San Juan mantiene una posición de liderazgo fundamental, con la mayoría de su capital prometido (proyectos como El Pachón, Veladero y Gualcamayo) esperando la aprobación nacional para blindar las inversiones con los incentivos y garantías que la normativa procura.