Provinciales > A la espera de definiciones
Afirman que la Ley de Glaciares es hoy inaplicable por falta de definiciones técnicas
El investigador de la UNSJ Silvio Pastrore explicó que no hay tecnología ni criterios para delimitar el ambiente periglaciar; pidió adecuaciones y defendió la potestad provincial.
Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de geocriología, glaciología, nivología y cambio climático de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan, afirmó con claridad que la Ley de Protección de Glaciares vigente no puede aplicarse tal como está porque carece de definiciones técnicas esenciales. Lo dijo en el programa San Juan en Noticias por Radio Mitre 95.1 y puso sobre la mesa un problema práctico: la prohibición de actividades mineras y petroleras en el llamado ambiente periglaciar exige delimitar un área que la ciencia y la tecnología actuales no saben trazar con precisión suficiente para dar seguridad jurídica.
Sin una delimitación confiable del ambiente periglaciar —explicó Pastore— la ley queda en el terreno de las probabilidades. “Hablamos de probabilidades: acá puede estar, acá no; 40%, 60%, 80%”, contó, y completó que esas estimaciones son “burdas” cuando lo que se reclama es una línea clara en un mapa para saber dónde se puede o no ejercer una actividad.
Pastore reivindicó el trabajo científico: la UNSJ fue la provincia que impulsó y ejecutó el inventario provincial de glaciares y monitorea en forma permanente dos glaciares de escombro, una experiencia que no se registra en muchas otras jurisdicciones. Ese conocimiento local es la base para su propuesta: no se busca eliminar la protección —dijo— sino adecuar la ley para que pueda aplicarse. Eso implica, desde su punto de vista, precisar métodos, criterios y límites que permitan distinguir los casos en que efectivamente existe un cuerpo de hielo que debe ser preservado de aquellos sectores periglaciares que deberían estudiarse puntualmente para definir si admiten o no actividad.
La postura académica que Pastore representó en la entrevista es, en esencia, técnica y práctica. Frente a la indeterminación, propone estudiar cada situación en particular; no aceptar generalizaciones que terminen por paralizar decisiones ni por poner en riesgo reservas hídricas puntuales que sí merecen protección especial. “Algunos glaciares de escombro tienen suficiente contenido de hielo como para ser reservas hídricas estratégicas, pero son casos puntuales”, señaló, y advirtió que por eso mismo hacen falta peritajes detallados, monitoreos y criterios claros que permitan dar previsibilidad tanto a la conservación como a la inversión.
Ese reclamo técnico se cruza con una discusión política más amplia. En los últimos días, desde Nación se difundió que se prepara una medida aclaratoria sobre la Ley de Glaciares —una decisión que el sector minero mira con atención— y el gobernador Marcelo Orrego planteó la necesidad de que la autoridad de aplicación sea provincial para dar seguridad jurídica. Pastore respaldó la defensa de la autonomía: sostuvo que la gestión del recurso agua corresponde a cada provincia y que esa potestad podría ayudar a armonizar protección ambiental y desarrollo productivo, siempre y cuando se disponga de reglas y criterios científicos confiables.
La universidad no actúa en soledad: la provincia le ha pedido a la UNSJ que ejecute inventarios y monitoreos, y se vienen realizando trabajos sistemáticos desde la sanción de la ley. Pastore recordó ese vínculo y la responsabilidad compartida: el conocimiento generado por la academia sirve para fundamentar decisiones públicas, pero si las normas no contemplan cómo traducir esos conocimientos a criterios aplicables, la consecuencia es la ausencia de seguridad jurídica que reclaman inversores y comunidades por igual.
Marco normativo y gestión hídrica provincial
La propuesta que dejó es doble. Por un lado, adecuar el marco normativo para que las prohibiciones y las protecciones tengan soporte técnico —es decir, métodos claros para delimitar el ambiente periglaciar y definir casos sensibles—; por otro, sostener la idea de que la definición y la gestión de los recursos hídricos debe articularse desde las provincias, con la ciencia local como base. En el medio quedan las expectativas del sector minero, que ve en la aclaratoria nacional una posibilidad para destrabar proyectos, y la urgencia de sectores ambientales y comunidades que piden salvaguardias concretas para los hielos y las fuentes de agua.
Pastore cerró con una invitación al diálogo técnico: la UNSJ convocó a una charla pública para el viernes 28 de noviembre a las 10.00 en la sala multimedia, destinada a estudiantes, profesionales, autoridades y público en general, para responder inquietudes y exponer el estado del conocimiento. Es un paso que, según él, muestra la voluntad de la academia por aportar claridad. La idea no es fácil: ordenar lo que hoy es una prohibición sin mapa exige sensibilidad ambiental, precisión técnica y voluntad política. Pero sin esos tres elementos, dijo Pastore, la ley seguirá siendo una buena intención que no garantiza ni la protección efectiva de los hielos ni la previsibilidad que exigen los proyectos productivos.
Si la discusión avanza en esa dirección —con criterios técnicos traducidos en reglas claras y con la participación de las provincias en la gestión—, será posible conjugar conservación y desarrollo. Si no, continuará la encrucijada: una ley valiosa en su espíritu, pero limitada en su eficacia práctica por la falta de definiciones que permitan aplicarla en el terreno.
Evento
La charla informativa será este próximo 28 de noviembre en el Edificio Central de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la Sala Multimedia Pedro P. Cortez (subsuelo), en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), en Rivadavia.