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En casos de Flagrancia: militares podrán detener civiles en la frontera
La resolución habilita a personal militar a actuar ante delitos en flagrancia, desafiando las leyes de Defensa y Seguridad Interior. El ministro Luis Petri justificó la medida con argumentos ideológicos y comparaciones internacionales.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional emitió una polémica disposición que autoriza a las Fuerzas Armadas a detener a civiles que cometan delitos en flagrancia, particularmente en zonas fronterizas. La medida fue anunciada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien defendió la decisión a través de redes sociales y aseguró que responde a una necesidad de “recuperar el rol” de las fuerzas militares en el control territorial.
La decisión, sin embargo, entra en conflicto con la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que establecen que las tareas de seguridad pública son competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad y no del personal militar. A pesar de ello, Petri sostuvo que “el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas” durante años y comparó la nueva política con acciones similares llevadas a cabo en Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump.
El ministro agregó que esta autorización se implementará en los puestos de control fronterizos donde las Fuerzas Armadas ya cumplen funciones de vigilancia. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, escribió en la red X (ex Twitter), apuntando contra posibles críticos.
Uno de los primeros en responder fue Agustín Rossi, exministro de Defensa, quien fue tajante: “La medida no es controversial, es ilegal”. En su análisis, advirtió que la orden contradice el marco normativo vigente y pone en riesgo a los propios militares, quienes quedarían desprotegidos legalmente si detienen civiles en funciones que la ley no les asigna.
La resolución oficial precisa que el uso de la fuerza por parte del personal militar deberá estar limitado a la defensa propia o de terceros, ante una amenaza inminente que ponga en peligro la vida o el cumplimiento del deber. También aclara que está prohibido disparar contra personas o vehículos en fuga, incluso si existe una sospecha fundada de delito.
El anuncio llega en un momento de tensión política y social, y se suma a otras medidas del Ejecutivo nacional orientadas a fortalecer el control de fronteras y reformular el rol de las fuerzas armadas. Mientras tanto, el debate sobre los límites legales y constitucionales de estas decisiones promete escalar en los próximos días.