Inquilinos afirman que en San Juan los alquileres aumentaron hasta un 550% el último año

El mercado de alquileres en el Gran San Juan atraviesa una fuerte crisis que golpea de lleno a los inquilinos, quienes advierten por aumentos desmedidos, falta de previsibilidad y la ausencia de un marco legal que garantice condiciones equitativas. Desde la Asociación de Inquilinos de San Juan aseguran que la situación es cada vez más crítica y reclaman con urgencia una regulación que los proteja.

Durante el último año, los valores de los alquileres registraron incrementos estimados entre el 220% y el 300%. En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular de la asociación, Víctor Bazán, sostiene que el impacto real alcanza hasta un 550% aproximadamente, si se tienen en cuenta expensas, servicios, impuestos y actualizaciones por fuera de los índices oficiales.

Uno de los cambios más drásticos señalados por Bazán es la periodicidad y la base de cálculo de los aumentos.

“Hoy no aumentan los ingresos y aumentan los valores del alquiler, y los ajustes son cada vez más frecuentes”, explicó. 

Además, los incrementos ya no se calculan sobre el valor inicial del contrato, sino sobre el valor del último mes pagado, lo que genera un efecto acumulativo que supera ampliamente la inflación.

En este contexto, también planteó que existe una desconfianza generalizada en los índices oficiales, lo que lleva a propietarios e inmobiliarias a aplicar aumentos por encima de lo estipulado. “Hay una desconfianza total, pero el que termina pagando es el inquilino, que es la parte más débil”, afirmó.

La falta de una ley que regule el sector es otro de los puntos centrales del reclamo. Desde la asociación insisten en que se necesita una normativa que establezca condiciones claras y equilibre la relación entre las partes.

“Hoy lo que hay son imposiciones. Si no te gusta, te tenés que ir”, resumió.

Bazán destaca varias irregularidades graves:

• Contratos heterogéneos: No hay un criterio único; cada contrato se ajusta a diferentes índices, lo que impide tener certezas sobre lo que se pagará el mes siguiente.
• Falta de documentación: En muchos casos, los propietarios o inmobiliarias no entregan una copia escrita del contrato.
• Garantías abusivas: Se llega a exigir la firma de pagarés en blanco como garantía, ya que los requisitos tradicionales a veces triplican el valor del alquiler.

“El inquilino no sabe qué va a pagar el mes que viene ni qué dice su contrato. Ese desconcierto termina generando un daño psicológico”, explicó Bazán, quien también alertó sobre el aumento de consultas para rescindir contratos y la proliferación de situaciones de hacinamiento.

Bazán manifiesta una fuerte crítica hacia la gestión actual del Gobierno de San Juan, afirmando que "no quiere escucharlos" y les ha cerrado las puertas al diálogo. Denuncia específicamente que la provincia retiró a la asociación la entrega de módulos de mercadería que beneficiaban a unas 100 personas en situación de vulnerabilidad, reduciéndolos inicialmente a 25 antes de cortarlos por completo.

Ante este escenario, la asociación se encuentra en promoción del uso de encuestas para transformar estas realidades individuales en porcentajes y datos concretos que sirvan como herramienta de reclamo ante los sectores políticos. “La vivienda es un derecho básico. No puede ser que en 2026 haya familias viviendo en condiciones precarias o sin certezas”, concluyó Bazán.

Dato

Según relevamientos del sector, entre el 55% y el 60% del ingreso de una persona se destina solo al alquiler, cifra que supera el 65% si se suman servicios e impuestos. Esto deja a muchas familias en una situación límite, con dificultades para cubrir otras necesidades básicas.