Reglamentan el uso de dispositivos que protegerán a víctimas de violencia

Para evitar volver a incurrir en hechos de violencia por parte de personas que ya han sido denunciadas por estos casos ante la justicia, la Corte elaboró un protocolo de actuación para regular el funcionamiento a fin de ejercer un control estricto sobre la restricción de acercamiento entre víctima y victimario. La utilización del Protocolo para Dispositivos Electrónicos Duales tiene como objetivo asegurar el derecho de la víctima a su seguridad, mediante el cumplimiento de las medidas cautelares en materia de violencia doméstica, de género o intrafamiliar.

Este sistema permitirá, verificar el cumplimiento de acuerdo con las pautas y reglas dispuestas en el protocolo y las que establezca la autoridad judicial. Además de obtener información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de tales medidas, así como las relaciones al funcionamiento de los elementos de vigilancia utilizados.

Características

El dispositivo dual utilizará tanto GPS como la radiofrecuencia para determinar la ubicación del agresor y su proximidad con la víctima protegida por la aplicación de esta medida. Está integrado al Sistema de Supervisión, Monitoreo y Rastreo electrónico de personal en conflicto con la ley.  Además, detectará si el sujeto se encuentra a una distancia prudencial, si está cerca sonará una alarma para que la Justicie actúa por medio del pedido de alertas de pánico emanadas por la persona en peligro.

El agresor llevará un transmisor asegurado a su cuerpo asociado de manera online al Sistema de Posicionamiento Global.  La victima también tendrá una unidad de rastreo que notificará al Centro de Monitoreo, en una eventual violación perimetral del agresor.

Procedimiento

Solicitud de instalación

El juzgado competente evaluará las condiciones fácticas para la aplicación de esta medida cautelar. Deberá existir riesgo para la víctima, además se deberá presentar un informe psicosocial del entorno en el que vive, siempre y cuando sea posible y pertinente. La persona que está siendo vulnerada en su derecho de seguridad tendrá que solicitarlo y brindar su consentimiento.

La distancia entre víctima y agresor no deberá ser menor a 500 metros. Ninguno de los dos debe poseer marcapasos ya que podría generar interferencia con el funcionamiento del aparato. Otro de los requisitos es que ambas personas tengan servicio de electricidad en el domicilio.

Una vez evaluada las condiciones necesarias, se dará traslado al Ministerio de Gobierno con la transcripción del Juzgado, especificando el número y carátula del expediente. En caso de corresponder la medida, el Ministerio le comunicará a la Justicia en un plazo máximo de cinco días. Si se deniega la solicitud deberá expresar los fundamentos.

Tiempo de uso

El plazo de la medida no podrá ser superior a seis meses, concluyendo su funcionamiento de manera automática, luego de esto se procederá a la citación judicial para el retiro de los dispositivos. También, podrá prorrogarse la medida, para ello necesitará que la solicitud sea enviada treinta días antes de la fecha de caducidad y se podrá extender por otro periodo de seis meses.

Seguimiento

El control lo llevará adelante el Centro de Monitoreo las 24 horas los 365 días del año. Quienes informarán sobre fallas del funcionamiento, contacto entre víctima y victimario, situaciones de peligro para la persona agredida y violación de la medida preventiva por parte del agresor.

Cuando se dé la señal de de alarmas de violación de restricción y alerta de pánico, se comunicarán al teléfono de las personas involucradas.

Si se produce la rotura o extracción de la tobillera, intervendrán rápidamente ordenando las medidas pertinentes poniendo en conocimiento a la víctima.  Si el agresor ingresa dentro del radio de 500 metros se pone en marcha el procedimiento. Si rompe la barrera y supera los 150 metros de acercamiento la protección se ejecuta de inmediato.