Deliberante aprobó la compra la cámara sin definir el financiamiento

El Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó la implementación de un sistema municipal de videovigilancia, pero la decisión no estuvo exenta de tensiones. La votación fue dividida y dejó abierto un debate central: cómo se financiará una iniciativa que, en su primera etapa, demandará una inversión cercana a los $100 millones.

El proyecto, impulsado por sectores de la oposición, establece la creación de un programa de videovigilancia que prevé la instalación de cámaras en puntos estratégicos de todo el departamento. La iniciativa apunta a reforzar la seguridad ciudadana en un contexto de creciente preocupación por hechos delictivos y situaciones que afectan a vecinos.

Según se desprende de la ordenanza, el sistema estará orientado a la prevención del delito y a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, incorporando tecnología que permita monitorear en tiempo real distintos sectores del territorio . Además, se contempla que las cámaras cuenten con definición adecuada, visión nocturna y almacenamiento seguro de imágenes.

El esquema aprobado también faculta al Ejecutivo municipal a definir, mediante estudios técnicos, los puntos de instalación. Entre las zonas preliminares figuran plazas, escuelas, centros de salud, accesos principales, barrios y sectores de alta circulación en localidades como Villa Santa Rosa, Las Casuarinas, Tupelí, La Chimbera y Encón .

Sin embargo, el aspecto que concentró la discusión política fue el financiamiento. La ordenanza habilita la incorporación de una partida específica en el presupuesto municipal para ejecutar el programa , pero no define con precisión de dónde saldrán los recursos en un contexto de restricciones económicas.

En ese marco, surgieron posturas contrapuestas. Mientras algunos concejales defendieron la necesidad de avanzar con herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad, otros pusieron el foco en la viabilidad económica del proyecto y en el impacto que podría tener sobre las cuentas municipales.

La discusión también dejó sobre la mesa la posibilidad de articular convenios con organismos provinciales o nacionales, e incluso con fuerzas de seguridad, para reducir costos y optimizar la implementación del sistema. Esta alternativa aparece como una de las vías para destrabar el principal interrogante que dejó la aprobación.

Más allá de las diferencias, el proyecto marca un punto de partida para una política de seguridad que busca modernizar el control en espacios públicos. El desafío, ahora, será traducir la ordenanza en un plan concreto y sostenible en el tiempo.

Con la aprobación ya consumada, el foco se traslada al Ejecutivo municipal, que deberá avanzar en los estudios técnicos, definir prioridades y, sobre todo, resolver cómo financiar una inversión que, si bien es considerada necesaria, genera dudas en el plano económico y político.