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Política > Audiencia de formalización

Cinco imputados por vender terrenos fiscales para la construcción de casas

El Ministerio de la Producción de San Juan denunció la venta irregular de terrenos fiscales en Médano de Oro, donde se construyeron casas pese a estar destinados al uso agrícola. La Justicia investiga una presunta estafa con 42 compradores afectados.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Los acusados comparecieron ante la jueza Mabel Moya. Foto crédito 0264 Noticias. 

La Justicia de San Juan investiga una presunta maniobra de estafa vinculada a la venta ilegal de terrenos fiscales en Médano de Oro, en Rawson. El Ministerio de la Producción, encabezado por Gustavo Fernández, presentó una denuncia penal luego de detectar que un grupo de personas habría vendido parcelas de un terreno estatal destinado exclusivamente al uso agrícola. En el lugar se levantaron casas con quinchos y piletas, a pesar de que su uso no permitía construcciones habitacionales.

La causa judicial se centra en el Lote N.º 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento. Este predio, de propiedad del Estado Provincial, habría sido fraccionado y comercializado por personas sin vínculo con la administración pública ni derecho sobre el terreno. Según la denuncia presentada, estas operaciones fueron realizadas con fines de lucro, infringiendo las normativas legales que rigen los bienes fiscales.

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La investigación está siendo llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, que trabaja sobre la hipótesis de una venta fraudulenta de 165 parcelas en un loteo denominado “Vista al Cerro”. Del total de parcelas, al menos 42 fueron compradas por ciudadanos que actualmente ocupan el predio. El loteo se encuentra sobre calle Ramón Franco s/n, entre calle 11 y Roger Ballet, en la zona de Médano de Oro.

El listado de personas señaladas como presuntos responsables incluye a José Alberto Díaz, Víctor Javier Dávila, Estela Juana Capelli, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz. De acuerdo con los datos aportados en la causa, Capelli habría declarado ser heredera de José Hugo Capelli, a quien señaló como supuesto adjudicatario del terreno. Sin embargo, registros oficiales indicaron que ese hombre nunca fue titular del lote y falleció en 1994. El terreno permanecía desocupado hasta 1997, cuando fue adjudicado a otra persona tras una licitación.

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Los testimonios recabados indican que José Alberto Díaz fraccionó el terreno tras adquirirlo de Capelli y comenzó a vender pequeñas parcelas a distintos compradores. También aparecen mencionados Víctor Javier Dávila Jofré y Claudio Javier Sosa, quienes habrían intervenido como vendedores en otras operaciones similares. La documentación presentada por los compradores incluye boletos de compraventa con firmas certificadas.

Los investigadores sostuvieron que los actuales ocupantes del Lote 90 adquirieron las parcelas a personas que no tenían ningún derecho legal para disponer de ellas. Además, la supuesta cadena de propiedad estaría basada en una adjudicación falsa, ya que el origen declarado de la titularidad no consta en los registros del Estado provincial.

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El Ministerio de la Producción solicitó la intervención de la Justicia debido a que, según la denuncia, los intereses y patrimonios del Estado se encontraban “comprometidos y afectados severamente”. La imputación por estafa alcanzó a quienes intervinieron en las operaciones de compraventa y también podría abrirse una línea de investigación sobre posibles daños a la propiedad pública.

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