Lunes 27 de Abril
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Comunidad > Maltrato animal

Condena por zoofilia en San Juan: Emilia Merino exige leyes más duras

Emilia Merino, de Sala de Emergencias, tildó de "vergonzosa" la sentencia y exigió a los diputados endurecer la Ley de Maltrato Animal.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El reclamo de Merino va por "obligación moral" de quienes representan al pueblo. FOTO: Gentileza

La provincia de San Juan se encuentra conmocionada tras una resolución judicial que ha puesto de manifiesto, una vez más, las limitaciones de la legislación vigente en materia de crueldad animal. Este lunes, la Justicia sanjuanina dictó una condena de apenas 15 días de prisión condicional para una joven, identificada con el apellido Campillay, tras hallarla culpable de generar y poseer material sexual con un perro. La brevedad de la pena y la naturaleza del delito han desatado una ola de críticas, encabezadas por referentes del proteccionismo local que exigen reformas urgentes.

Un hallazgo accidental tras otro horror

El caso que hoy estremece a la opinión pública no surgió de una denuncia directa por maltrato, sino de una investigación paralela. Según informaron fuentes judiciales, las pruebas se obtuvieron en el marco de una causa por abuso sexual que tramitaba la UFI Anivi. En dicho expediente, la pareja de la joven condenada ya había recibido una sentencia en un juicio abreviado.

Fue durante el secuestro y peritaje de los dispositivos electrónicos de la pareja cuando los investigadores dieron con el teléfono celular de la imputada. Al inspeccionar el dispositivo, se encontraron con un escenario de crueldad extrema: al menos ocho videos y numerosas capturas de contenido que registraban actos de zoofilia. Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, Campillay reconoció los hechos durante la audiencia y aceptó los cargos imputados bajo la Ley 14.346 de maltrato animal. La jueza Celia Maldonado de Álvarez fue la encargada de dictar la sentencia de 15 días de ejecución condicional.

"Esto es escandaloso": El descargo de Emilia Merino

La respuesta de las organizaciones civiles no se hizo esperar. Emilia Merino, referente de la ONG Sala de Emergencias San Juan, expresó su profundo malestar por lo que considera una burla a la justicia y a los derechos de los seres sintientes. En diálogo con DIARIO HUARPE, Merino calificó lo sucedido como "escandaloso" y "vergonzoso", centrando sus críticas no solo en el fallo judicial, sino en la inacción del Poder Legislativo.

Para Merino, esta sentencia de 15 días es el resultado directo de la falta de compromiso de los legisladores provinciales para actualizar las penas por maltrato animal. "¡Esto es vergonzoso, hace ya 2 años que desde Sala de Emergencias SJ nos reunimos con Diputados solicitando el aumento de las penas sobre mal trato animal, y pidiendo que se incluya la zoofilia, y hasta el momento, a pesar de que seguimos insistiendo, nunca lo hicieron!", denunció con vehemencia la proteccionista.

Un llamado a la responsabilidad de los legisladores

El reclamo de Merino va más allá de la indignación momentánea; es un llamado de atención a la "obligación moral" de quienes representan al pueblo. La activista subrayó que la zoofilia no debe entenderse únicamente como un acto de crueldad hacia un animal, sino como una enfermedad que requiere tratamiento urgente y que representa un riesgo para toda la ciudadanía.

"Señores Diputados esto es una enfermedad que necesita ser tratado con urgencia, si no les interesan los animales, sí deben y tienen la obligación moral de cuidar al ciudadano que lo votó", sentenció Merino. Además, advirtió que la gravedad de la situación en la provincia es mucho mayor de lo que reflejan las crónicas policiales, asegurando que los casos conocidos son apenas "la cuarta parte de lo que sucede realmente" y que salen a la luz gracias a la difusión mediática y no al trabajo preventivo del Estado.

La urgencia de una reforma legislativa

El caso Campillay ha reabierto un debate necesario sobre la Ley 14.346. Aunque esta norma nacional permite sancionar la crueldad, las penas previstas resultan insignificantes frente a actos de sadismo o perversión sexual. La comunidad proteccionista insiste en que, mientras no se modifique el código para incluir penas de prisión efectiva y tipificaciones específicas para la zoofilia, se seguirá enviando un mensaje de impunidad.

Merino concluyó su demanda exigiendo que los diputados dejen de postergar estos temas y comiencen a trabajar en las necesidades reales del "Soberano" (el pueblo). "¡Basta de falsas promesas y trabajen!", reclamó, cerrando un mensaje que refleja el cansancio de quienes luchan diariamente contra la violencia animal en un sistema que, por ahora, parece darles la espalda.

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