El intendente riojano admite que el trabajo minero debe quedar en San Juan

Una resolución judicial dictada en La Rioja encendió las alarmas en la comunidad de Guandacol y reabrió el debate sobre los límites jurisdiccionales del Proyecto Vicuña. Pero en medio del reclamo riojano por el impacto laboral de la medida, fue el propio intendente de Villa Unión, Hugo Páez, quien puso el conflicto en sus términos legales precisos: la mina está en San Juan, y por lo tanto es San Juan quien tiene derecho a definir sus proveedores y su mano de obra.

El fallo que frenó el corredor

El 16 de abril, la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito ordenó la suspensión del corredor logístico por 30 días ante la falta de presentación del estudio de impacto ambiental en territorio riojano. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, afectó el tránsito por la Ruta Provincial 506, que une Guandacol con el límite interprovincial y desde allí conduce hasta la zona minera en el departamento sanjuanino de Iglesia.

El secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay, precisó que la medida abarca cualquier actividad vinculada al desarrollo del emprendimiento, aunque dejó abierta una salida rápida: si la empresa presenta el estudio de impacto ambiental requerido, la suspensión se levanta de inmediato. Desde Vicuña, en tanto, informaron que aún no habían recibido notificación oficial del fallo y que las operaciones continuaban sin cambios.

140 trabajadores en vilo

La decisión judicial golpeó directamente a Guandacol. Según manifestó Páez en diálogo con Radio Sarmiento, en una asamblea realizada la noche anterior alrededor de 140 personas de esa localidad declararon trabajar o estar vinculadas directamente al proyecto. El impacto indirecto podría alcanzar a unas 400 personas, contando comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios. También está comprometida Maiora, empresa riojana que ganó la licitación para el mantenimiento del tramo provincial, con aproximadamente 16 empleados afectados.

El cuadro se agrava por el contexto económico del departamento Felipe Varela. La vitivinicultura, históricamente uno de sus pilares, atraviesa un retroceso profundo, y el turismo —segundo motor de la economía local— también cayó fuerte en cantidad de visitantes. Para muchas familias de Guandacol, la actividad vinculada a Vicuña es hoy la principal fuente de ingresos. "El problema concretamente es el trabajo", sintetizó el intendente.

La asamblea y el reclamo al gobierno provincial

Reunidos en asamblea, los vecinos resolvieron exigirle al gobierno de La Rioja una respuesta urgente. "Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental: exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores y la comunidad", sostuvieron. Ratificaron por votación a mano alzada su apoyo a la continuidad del proyecto y se declararon en estado de alerta y organización pacífica.

Páez dijo haber participado de esa asamblea y anunció que trasladaría el reclamo al secretario de Industria y Minería y al gobernador Ricardo Quintela. Describió el escrito elaborado por los vecinos con una frase que resume la desesperación de la comunidad: "Con algunas porciones fuertes diciendo que si no tienen ese trabajo a futuro, que se haga cargo el gobierno de la provincia."

La mina es sanjuanina, y las reglas también

Pero fue al responder sobre el compre local donde Páez trazó la línea más clara de toda la entrevista. Consultado sobre si Vicuña debería abrirle la puerta a proveedores y trabajadores riojanos con la misma prioridad que a los sanjuaninos, el intendente no esquivó la pregunta ni matizó la respuesta.

"Tengo entendido que la provincia de San Juan votó una ley que tiene requisitos, uno de ellos el acceso al trabajo de gente de San Juan, el famoso compre y mano de obra local. Al estar enclavada la mina en la provincia de San Juan, lógicamente el gobierno de San Juan va a exigir esos requisitos", afirmó. Y fue más directo aún: "Si la mina está enclavada en San Juan, indudablemente se van a respetar las leyes de San Juan."

La conclusión fue contundente: "Legalmente no le corresponde a La Rioja tener prioridad a la hora de elegir proveedores o tomar puestos de trabajo. Muchos se enojan cuando uno dice la verdad, pero no se puede abandonar la posición de ser claro y correcto."

Páez reconoció que la minería llegó rápido a La Rioja y que la provincia no tiene aún la capacitación necesaria para competir en igualdad de condiciones. "Si nosotros queremos mayor participación, tenemos que prepararlos", admitió, al tiempo que aclaró que la situación de Guandacol como zona de amortiguamiento merece un tratamiento diferenciado: "Ojalá que este proyecto tan importante nos dé la posibilidad a los riojanos de tener trabajo ante la falta de oportunidades."

Una relación con la empresa que nunca se consolidó

El intendente también reconoció que el vínculo entre el municipio y Vicuña fue escaso. Nunca hubo un convenio formal con el municipio de Villa Unión, no se concretaron reuniones sobre obras pendientes como el bypass que evitaría el tránsito pesado por las calles de Guandacol, y la información siempre llegó a través del Ministerio de Industria y Minería provincial. "Nunca hemos tenido una reunión concreta con la gente de estos últimos tiempos para saber en qué fecha se iba a hacer", admitió. Todo llegaba, en sus propias palabras, "a cuentagotas".

Un conflicto con capas políticas

Páez cerró la entrevista con una lectura que excede lo ambiental y lo laboral. Señaló que el conflicto está siendo instrumentalizado por sectores políticos que, a su juicio, buscan desgastar su gestión y la del gobernador Quintela. "Hay cuestiones políticas de sectores que quedaron con heridas de elecciones de hace un año y medio. Se está utilizando para dañar la imagen de mi gestión y la del gobierno provincial", sostuvo.

Desde La Rioja, Azulay intentó bajar el tono del enfrentamiento interprovincial: "Nadie busca perjudicar ni a la empresa ni a San Juan", aseguró, aunque fue firme en la postura de su provincia. "Somos respetuosos del desarrollo minero y de la inversión privada, pero también somos exigentes de que se respete en la misma medida a nuestra provincia."

Páez, por su parte, confió en que hay margen para resolver el impasse. "Yo anhelo que haya un diálogo sincero pronto. Yo creo que es solucionable", concluyó.