A una semana del "freno" judicial a Vicuña en La Rioja, la minera aún no es notificada

El proyecto minero Vicuña atraviesa un escenario de incertidumbre marcado por la falta de definiciones administrativas y judiciales del lado riojano, mientras la empresa sostiene que su operación continúa con normalidad en San Juan. A más de una semana del fallo dictado por la Justicia de La Rioja que ordena la suspensión de actividades vinculadas al emprendimiento, la compañía asegura que no ha sido notificada formalmente y advierte que la situación comienza a impactar en inversiones previstas y en la generación de empleo.

Sin notificación y con actividad normal

La resolución judicial, emitida por una jueza de Chilecito, exige la presentación de un estudio de impacto ambiental en territorio riojano para habilitar tanto la circulación por el corredor logístico como el desarrollo del proyecto. Sin embargo, desde la empresa remarcan que el emprendimiento —que integra José María y Filo del Sol— se encuentra íntegramente en San Juan, donde ya cuenta con aprobación ambiental.

En ese marco, la directora de Relaciones Institucionales de Vicuña, Norma Ramiro, sostuvo que la empresa no recibió ninguna comunicación oficial. “Al día de la fecha no hemos sido notificados formalmente de ninguna resolución judicial, más allá de lo que podemos conocer a través de los medios de comunicación”, afirmó. Ante esta situación, la operatoria continúa sin cambios.

Trabas administrativas y obras frenadas

Más allá del plano judicial, la empresa pone el foco en la falta de respuestas del gobierno de La Rioja a presentaciones ya realizadas. Según explicó Ramiro, Vicuña presentó la Declaración de Impacto Ambiental para el mantenimiento del camino y otras intervenciones vinculadas al corredor, pero no obtuvo contestación.

“Tenemos la DIA presentada para el mantenimiento, pero no hemos tenido respuesta sobre ella. No nos han consultado si necesitan información adicional, simplemente no hay respuesta”, señaló. Esta situación, aseguran, bloquea el avance de obras clave.

Entre ellas se encuentra la construcción de un bypass en Guandacol, una inversión comprometida desde enero que implicaría varios millones de dólares y la generación de más de 60 puestos de trabajo, además de la participación de empresas riojanas. “No podemos avanzar porque no tenemos respuesta del gobierno de La Rioja sobre la DIA ya presentada”, remarcó.

Impacto en inversiones y empleo

La falta de definiciones administrativas genera un efecto directo en la economía regional. Desde la empresa aseguran que existe interés en invertir en La Rioja y contratar mano de obra local, pero que las condiciones actuales impiden concretar esos proyectos.

En ese sentido, el conflicto adquiere una dimensión contradictoria: mientras en la provincia vecina crecen los reclamos por el impacto laboral del proyecto, hay iniciativas que podrían generar empleo y que permanecen paralizadas por la falta de aprobación oficial.

La posición legal de la empresa

Respecto al fondo del conflicto, Vicuña reafirma que el proyecto José María cumple con toda la normativa vigente en San Juan. “Hemos presentado la DIA del proyecto y tenemos la aprobación del gobierno de San Juan, que es la única autoridad competente”, indicó Ramiro.

En la misma línea, sostuvo que no existe obligación legal de presentar ese estudio en La Rioja. “No existe ninguna regulación que nos obligue a presentar el estudio de impacto ambiental del proyecto José María en la provincia de La Rioja”, afirmó.

El escenario actual combina una resolución judicial aún no notificada, reclamos políticos y ambientales desde La Rioja y un frente administrativo que, según la empresa, impide avanzar con inversiones concretas. Mientras tanto, y sin una orden formal que obligue a detener las operaciones, Vicuña mantiene su actividad en San Juan y espera definiciones que permitan destrabar un conflicto que ya tiene impacto económico en ambos lados del límite provincial.