Emilio Achem: “El Gobierno gobierna a la minería”

En medio del debate por la expansión minera en San Juan y las tensiones por la Ley de Proveedores, el secretario general de la Gobernación fue categórico: “El Gobierno gobierna a la minería”. La frase de Emilio Achem, pronunciada en el Café de la Política, no fue casual ni aislada. Buscó fijar posición frente a declaraciones recientes de directivos de Vicuña Corp y marcar el alcance del rol estatal en la nueva etapa que proyecta la provincia.

El contexto no es menor. En una entrevista concedida a DIARIO HUARPE durante la PDAC en Toronto, el CEO de la compañía, Ron Hochstein, destacó el “impacto económico y social que tendrá el proyecto en San Juan” y aseguró que la empresa “prioriza la provisión local de mano de obra y proveedores”. En esa línea, también relativizó la necesidad de una Ley de Proveedores Mineros. En la misma línea, pero en agosto del año pasado, el country manager de la firma, José Morea, había sido más crítico con la iniciativa oficial y sostuvo que una norma de ese tipo podía resultar “contraproducente” para la reputación de la provincia.

Frente a ese escenario, Achem dejó en claro que la conducción política no está en discusión. “Hay una decisión política de Orrego: el Gobierno gobierna la minería, y eso es indeclinable. San Juan es minero y va a ser minero por excelencia”, afirmó. Y agregó que la Provincia seguirá formando recursos humanos para un sector que “tiene horizonte productivo por más de 200 años”.

El mensaje apunta a un delicado equilibrio: consolidar a San Juan como destino de inversiones, pero sin resignar potestades regulatorias. “Estamos para hacer cumplir las normas vigentes, no para cambiar las reglas de juego, no para ser socios de las empresas ni para condicionar fuera de lo que las leyes establecen”, subrayó el funcionario. En su visión, la clave es construir un clima de negocios basado en previsibilidad, transparencia e información clara, pero con reglas que se respeten.

Achem también rechazó la idea de que el peso económico o la generación de empleo otorguen prerrogativas especiales. “No puede existir la mirada de que porque una empresa tiene mil empleados, entonces el Estado deba alivianar exigencias”, planteó, al tiempo que insistió en la necesidad de construir un “círculo virtuoso” donde inversión y desarrollo local vayan de la mano.

La referencia directa es a la etapa que el oficialismo define como “la gran era del cobre”, sin descuidar la producción de oro y plata. En ese marco, el Gobierno sostiene que debe contar con una estructura técnica y política capaz de interactuar con compañías de escala global, pero desde una posición institucional firme.

El trasfondo del debate incluye la Ley de Proveedores, impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor minera. Mientras desde el sector empresario se advierten riesgos regulatorios, en Casa de Gobierno remarcan que no se trata de imponer cargas arbitrarias, sino de ordenar y transparentar mecanismos ya existentes.

Con su declaración, Achem buscó despejar dudas: el Gobierno no pretende “alterar la seguridad jurídica ni convertirse en socio de las compañías, pero tampoco delegará la conducción estratégica del sector”. En tiempos de fuerte expansión minera y expectativas económicas crecientes, la administración Orrego apuesta a dejar en claro que el desarrollo será bajo reglas provinciales y con autoridad política definida.

Dato

El proyecto de Ley de Proveedores, que ingresará a la Legislatura luego de que se apruebe la aclaratoria a la Ley de Glaciares, tiene como objeto asegurar un porcentaje mínimo de participación para las empresas locales en las compras y contrataciones de las grandes operadoras mineras.