Fiscalía pedirá una prórroga en la causa del acueducto Gran Tulum

La investigación fiscal por presunta corrupción en la obra del acueducto Gran Tulum está próxima a completar los primeros 90 días hábiles previstos por el sistema acusatorio y, según fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE, los fiscales Sebastián Gómez y Federico Pizarro solicitarán una prórroga de otros 90 días hábiles para continuar recabando información y profundizar distintas medidas de prueba vinculadas al expediente.

El caso, que tramita la UFI Delitos Especiales, se transformó en una de las investigaciones de mayor sensibilidad política y administrativa de los últimos meses debido al volumen económico de la obra y a la cantidad de documentación bajo análisis judicial. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la complejidad técnica del acueducto y el importante volumen documental obligaron a los investigadores a pedir más tiempo antes de definir si avanzarán con imputaciones o si la denuncia será archivada.

Una vez vencida esta nueva prórroga, los fiscales deberán avanzar obligatoriamente hacia una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se formaliza la imputación y se le comunica al sospechoso cuáles son los delitos que se investigan. En caso contrario, si no aparecen pruebas suficientes, la causa deberá ser desestimada o archivada.

Debido a la magnitud del expediente, el titular del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Baigorrí, reforzó el equipo que trabaja en el caso con dos fiscales y cuatro ayudantes fiscales dedicados exclusivamente al análisis de la documentación vinculada al proceso licitatorio y de ejecución del acueducto.

La denuncia fue presentada el 9 de diciembre por Marcelo Arancibia para que se investigaran “presuntas maniobras ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan” relacionadas con la megaobra hídrica.

Si bien en la presentación no se mencionaron nombres concretos, sí se pidió investigar la “posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales que integraron la gestión 2019-2023 del entonces gobernador Sergio Uñac.

Por ahora, los fiscales continúan reuniendo información técnica, administrativa y contable antes de resolver si existen elementos suficientes para avanzar hacia imputaciones formales.

Desde el Gobierno provincial estiman que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que debieron retirarse alcanza los US$50 millones. La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de US$200 millones.

El proyecto había sido financiado en partes iguales: un 50% mediante préstamos internacionales provenientes de Kuwait y Australia y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional.

Según trascendió, los trabajos iniciales se ejecutaron con el financiamiento nacional, que cubrió aproximadamente la mitad del crédito previsto para el proyecto. Ese dinero fue destinado a la instalación de los 10 kilómetros de caños que posteriormente debieron ser removidos.