Jueces porteños que adhieren a la doctrina franciscana entregaron proyecto de "justicia eco-social"

El Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana remitió a los seis candidatos a presidente un documento sobre "proyecto de justicia eco-social" que contiene "ideas sobre cómo se construyen y distribuyen los derechos" en el país y el papel de los magistrados "en el marco constitucional vigente". El documento fue firmado por el Coordinador del Capítulo Argentino, Carlos Balbín, y los jueces Guillermo Treacy, Roberto Pompa, Fabiana Schafrik, Claudia Caputi y César Gimenez, y los titulares del Comité Panamericano, Roberto Gallardo, y de la Junta Directiva Panamericana, Gustavo Moreno. Los magistrados dijeron que "el sistema judicial debe velar por el respeto incondicional a la libertad y la igualdad de los habitantes en sus determinaciones personales, planes de vida, elecciones y preferencias". Agregaron que "la crisis integral que afecta al planeta tiene carácter estructural y obliga a la justicia a replantearse su participación y contribución en el diseño y control de las políticas públicas". "Las desigualdades y exclusiones estructurales nacen, en parte, del diseño y prácticas de las instituciones; es necesario, por tanto, repensarlas desde ese lugar", afirmaron, y destacaron sus "responsabilidades en la construcción de una sociedad justa e igualitaria". Por ello, señalaron los jueces, "el Poder Judicial debe asumir su misión de poder independiente en el marco de la división de poderes y decidir, según los valores constitucionales y en particular la dignidad de las personas, sin injerencia de los intereses político-partidarios ni económicos". Y advirtieron que "las decisiones estatales no deben ser ajenas a su competencia ni privadas de su revisión en los casos judiciales, conforme el marco constitucional". "Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son operativos y exigibles. Las sociedades duales son injustas y violentas. El derecho y la justicia deben contribuir especialmente a la integración cultural, social y económica de las personas y garantizar y recomponer su dignidad", dijeron en el documento. Tras señalar que "la responsabilidad jurídica por las decisiones de los poderes del Estado es independiente de la responsabilidad política", alertaron que "la impunidad es causa y consecuencia de la anomia y esta es una práctica reñida con los valores democráticos". El Capítulo Argentino hará en marzo una reunión plenaria en Puerto Iguazú (Misiones) para "coordinar posturas y definir acciones futuras".