La justicia frenó la deuda que reclama Decsa a Caucete y ordenó auditar

La Justicia provincial le dio lugar a la medida cautelar presentada por la Municipalidad de Caucete en el conflicto que mantiene con la empresa distribuidora Decsa y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). En una resolución de alto impacto institucional y económico, el Juzgado Civil de 9ª Nominación ordenó suspender los efectos de las resoluciones del organismo regulador y dispuso la revisión del consumo eléctrico de la comuna, especialmente el correspondiente al alumbrado público. La intendenta Romina Rosas celebró la medida y advirtió que “es lo que venimos reclamando”.

El fallo se dictó en el marco de la acción de nulidad iniciada por el municipio contra el EPRE, en la que se cuestiona la legalidad de las resoluciones N° 1045/24 y N° 0508/25. Dichas disposiciones habían consolidado una deuda superior a los $550 millones a favor de Decsa, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2025. Según la presentación municipal, el ente regulador omitió valorar prueba técnica sustancial y vulneró el debido proceso administrativo.

En su sentencia interlocutoria, el juez Pablo Oritja, titular del 9° Juzgado Civil, consideró acreditados los requisitos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar: la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la prestación de contracautela. En ese sentido, entendió que la ejecución inmediata de las resoluciones cuestionadas podría generar un perjuicio grave e irreparable para las arcas municipales, comprometiendo la continuidad de servicios públicos esenciales y el pago de salarios.

La intendenta Romina Rosas sostuvo que “nuestro reclamo siempre estuvo fundado en las estimaciones que realiza Decsa, es decir, sobre consumos no medidos. Esta medida cautelar nos permite avanzar y que no se cobre nada relacionado con esos conceptos hasta tanto no se termine de realizar el relevamiento en terreno de las luminarias y de la potencia de cada una, que es lo que verdaderamente arroja la verdad sobre el consumo real”.

Uno de los puntos centrales del fallo es la orden de mantener el status quo hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. Esto implica que el EPRE y Decsa deberán abstenerse de aplicar, facturar o ejecutar cargos basados en consumos estimados, intereses o multas derivados de las resoluciones impugnadas. Además, la facturación quedará limitada a los consumos efectivamente medidos y a los ítems no observados por el municipio.

La resolución judicial también puso el foco en el alumbrado público de Caucete. El magistrado dispuso que la determinación del consumo estimado de energía eléctrica quede diferida hasta que se realice un relevamiento técnico conjunto entre la Municipalidad y Decsa. Dicho estudio deberá incluir un inventario detallado de luminarias, potencias instaladas, horas de funcionamiento y una metodología de cálculo verificable, dejando sin efecto cualquier facturación basada en estimaciones hasta su aprobación.

Desde el municipio recordaron que el reclamo administrativo previo ya había sido formalizado ante el EPRE, donde se solicitó una auditoría de medición y una revisión integral de lo facturado y recaudado a través del Cargo Único Municipal (CUM), planteos que —según Caucete— no fueron debidamente considerados por el ente regulador.

La decisión judicial no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del conflicto, pero representa un fuerte respaldo a la postura del municipio en esta etapa del proceso. El juez fue claro al señalar que la medida cautelar busca evitar que el paso del tiempo torne ilusoria una eventual sentencia favorable y garantizar la eficacia del proceso judicial en curso.

Con este fallo, el conflicto entre Caucete y Decsa ingresa en una nueva fase, con la revisión técnica del consumo como eje central y un impacto directo en la discusión sobre la deuda reclamada y el esquema de facturación del servicio eléctrico en el departamento.