La obra pública en San Juan se ralentiza por la desactualización de costos

Por el desfasaje de costos causados por la inflación, la obra pública de San Juan ha sufrido una ralentización. Esto lo confirmaron desde la Cámara de la Construcción y aseguraron que hay una disminución en el despacho de cemento y acero debido a los problemas para afrontar las constantes subas de precios.

De acuerdo a datos oficiales, hasta septiembre de este año hubo una inflación acumulada del 66,1%, lo que está provocando problemas a las empresas para mantener las diferentes construcciones que lleva adelante el Gobierno provincial. “El principal problema de la obra pública es el retraso que hay en la redeterminación de los precios. Cayeron los despachos de acero y cemento y se empezó a ver una ralentización de la obra pública”, aseguró Julián Rins a DIARIO HUARPE, presidente de la Cámara de la Construcción.

Los empresarios están teniendo serias dificultades para afrontar los costos causados por los constantes aumentos de los precios de materiales e insumos.  Esta situación ha puesto en jaque a 10.000 puestos de trabajo que genera el sector de la obra pública en la provincia. “Los precios han quedado retrasados respecto a los costos”, afirmó Rins.

Por eso, el Gobierno provincial impulsó un proyecto de ley para declarar en emergencia la obra pública.

El proyecto trata básicamente en establecer una nueva línea de base para todos los contratos y plantear una redeterminación. Esto quiere decir que, con fondos provinciales, se tratará de pagar una diferencia, lo que no significa que sea una actualización. La ley, en un principio, englobará las obras que sean de viviendas, de vialidad y de saneamiento. Las construcciones puntuales como el velódromo o algunos hospitales deberán tratarse aparte.

Las importaciones, otra problemática

El presidente de la Cámara de la Construcción teme que el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina(Sira) obstaculice aún más el ingreso de insumos fundamentales para fabricar productos en el país, lo que impactaría directamente en el sector. Por ejemplo, los camiones hechos en país son elaborados con partes provenientes del exterior.

"Ha sido más perjudicial para la economía en general porque además de la autorización del Banco Central y la aduana, también se requiere la autorización de la Secretaria de Comercio", contó el dirigente empresarial.

A partir del 17 de octubre comenzó a regir el régimen de importaciones Sira que apunta a aumentar el control para las pymes. En este sentido contará con un Comité de Seguimiento y Evaluación integrado por la AFIP, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina.