Se viene el “súper-IVA”: la apuesta de Milei y Caputo que enciende alarmas en las provincias

El Gobierno de Javier Milei está a punto de lanzar una de sus reformas más ambiciosas: un nuevo tributo que unifica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) en un solo esquema nacional, bautizado informalmente como “súper-IVA”. La idea, diseñada por el ministro de Economía Luis Caputo y su equipo técnico, cuenta con el aval explícito del Fondo Monetario Internacional y busca simplificar el sistema tributario argentino, considerado uno de los más complejos y distorsivos del mundo.

El nuevo tributo sería recaudado por la Agencia de Recaudación de Contribuciones Argentinas (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, y combinaría la actual alícuota del 21% del IVA con la tasa provincial de IIBB, que varía entre el 1,5% y el 5% según la jurisdicción y el sector. El porcentaje combinado se cobraría directamente sobre el consumo y luego sería redistribuido a las provincias en función de la participación de cada una en el impuesto local.

Una reforma largamente prometida, con impacto político

Con esta movida, el Gobierno nacional busca cumplir con un viejo reclamo de los contribuyentes: reducir la maraña de más de 130 tributos y tasas a no más de veinte en todo el país. Para Milei, sería una de las piedras angulares de su reforma económica. Pero más allá de la simplificación fiscal, el “súper-IVA” promete alterar profundamente el vínculo financiero entre Nación y provincias.

El proyecto ya está en su fase final de diseño y se espera que avance formalmente recién después de las elecciones legislativas de octubre, cuando el oficialismo espera contar con mayor respaldo en el Congreso. Saben en el Ejecutivo —y también en el FMI— que en el escenario actual no hay margen político para aprobar una transformación tan profunda.

Provincias en pie de guerra

La principal fuente de resistencia no proviene del Congreso, sino de los gobernadores. El IIBB representa hoy la segunda fuente de ingresos de las provincias, solo superada por la coparticipación federal. Delegar su recaudación a la Nación, aunque sea para luego recibir la parte correspondiente, implica una pérdida de autonomía y control financiero.

Algunos mandatarios provinciales ya se manifestaron en contra en reservadas conversaciones y comenzaron a coordinarse para presentar un frente común. “No podemos entregar la caja sin garantías”, deslizó un gobernador del norte argentino.

Sin embargo, el Gobierno no parece dispuesto a ceder. Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo esquema será más eficiente, menos burocrático y permitirá abaratar costos para el sector privado, uno de los reclamos centrales del empresariado nacional. Además, argumentan que el actual IIBB es un impuesto “medieval”, regresivo y altamente distorsivo, heredado de prácticas fiscales del siglo pasado.

Un impuesto cuestionado, pero necesario para las provincias

El IIBB fue creado en 1977 durante la última dictadura militar y ha sobrevivido a múltiples intentos de reforma. Su efecto cascada encarece toda la cadena de producción y es señalado como uno de los grandes responsables de la falta de competitividad de las empresas argentinas. Sin embargo, su eliminación nunca prosperó porque representa ingresos frescos, inmediatos y propios para los distritos.

Los economistas coinciden en que unificarlo con el IVA es un paso hacia la modernización tributaria, pero advierten que el conflicto institucional puede escalar si no se negocia con los gobernadores una transición clara y beneficiosa.

Un experimento con aval internacional

El FMI ve con buenos ojos la iniciativa. El organismo multilateral considera que Argentina necesita una reforma impositiva integral para mejorar la recaudación y reducir el déficit sin recurrir a nuevos ajustes. El “súper-IVA” podría ser, desde su perspectiva, un modelo de coordinación fiscal entre niveles de gobierno, algo escaso en países federales como la Argentina.

Para Milei, además, se trata de una jugada de alto impacto simbólico: desarticular uno de los tributos más odiados por el sector privado, simplificar el sistema para los ciudadanos y marcar el inicio de un nuevo esquema de relación Nación-provincias, donde la centralización fiscal también se convierta en una herramienta de control político.

Pero la tensión ya está instalada. Gobernadores en alerta, empresarios expectantes y un Congreso que aguarda las urnas para definir si el “súper-IVA” es el comienzo de una nueva era fiscal… o una nueva batalla institucional.