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Policiales > Hay tres implicados

Secuestraron celulares y recetas truchas para comprar psicofármacos

Una receta estaba firmada por un médico fallecido.

20 de octubre de 2020

A raíz de una denuncia radicada por la División Farmacia del Ministerio de Salud Pública, por la detección de recetas apócrifas, la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía inició una investigación que motivó una serie de allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares y recetas que serían vendidas para comprar ansiolíticos.

La fuerza realizó cinco allanamientos en los departamentos Chimbas, Rivadavia y Capital, secuestró ocho recetas y tres teléfonos que serán peritados al igual que las órdenes para saber a quién pertenecen los sellos que figuran al pie de cada pedido.   

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La investigación apunta a desalentar la venta de psicofármacos de manera ilegal, constituyéndose en un negocio que atenta contra la salud pública, ya que los medicamentos que se obtienen son con receta archivada y sólo pueden ser adquiridos si son recetados por médicos para pacientes que lo necesitan y no para utilizarlos como estupefacientes.

En el hecho interviene el Tercer Juzgado de Instrucción a cargo del doctor Guillermo Adárvez quien ordenó los allanamientos, pero no la detención de las personas que poseían las recetas. Estas recetes tienen firmas y sellos de médicos que no las han emitido o que dichos sellos ya no pertenecen a estos facultativos, explicaron fuentes del caso.

La investigación a cargo del subcomisario Illanes de la sección Estafas llegó a consultar a algunos de los médicos y todos indicaron que el sello y la letra de la receta no son de ellos, aunque sí los datos y la matrícula que aparece.   

Una de las recetas tenía sello y firma de un médico que hace seis años falleció. Por ello se harán pericias caligráficas y con el resultado el juez interviniente tomará medidas contra las tres personas que tenían en su poder estas recetas apócrifas.

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En tres de las cinco casas que fueron allanadas hallaron estas recetas. Las mismas fueron secuestradas en el barrio Aramburu de Rivadavia, en el barrio Laprida de Chimbas y en Concepción en Capital.

De confirmarse el delito, los responsables podrían recibir una condena judicial que va de los tres a los seis años de prisión, ya que el delito está estipulado en el artículo 292 del Código Penal que estipula la adulteración y utilización de documento público.

Todos los vinculados este delito y a la tenencia de las recetas, cuentan con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, según indicaron las autoridades policiales y de la investigación.

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