Política > Políticas de salud
Denuncian retrocesos en el acceso al aborto seguro a cinco años
Un informe de Amnistía Internacional alertó por limitaciones en insumos, información y políticas públicas para garantizar el acceso al aborto seguro.
POR REDACCIÓN
A cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), organizaciones de derechos humanos denunciaron retrocesos y nuevas barreras para el acceso al aborto seguro en distintas provincias del país. El señalamiento surge de un informe de Amnistía Internacional Argentina, que advierte sobre restricciones registradas desde la asunción del presidente Javier Milei.
El documento, titulado “También es por vos”, sostiene que durante el último año se profundizaron obstáculos vinculados a la suspensión de la compra y distribución de medicamentos esenciales, el desmantelamiento de programas de prevención de embarazos y la reducción en la entrega de métodos anticonceptivos. Según la organización, estas medidas impactan directamente en la implementación efectiva de la ley.
Amnistía informó que en 2025 registró más de 400 consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso a la IVE, lo que representa un incremento del 275% respecto de 2023. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 160 casos, cifra que equivale al 133% del total recibido durante todo 2024.
El informe reconoce avances logrados tras la aprobación de la ley, como el acceso de más de 245.000 personas a abortos seguros en el sistema público entre 2021 y octubre de 2023, la realización del 90% de las interrupciones en el primer trimestre y la duplicación de centros de salud que garantizan IVE e ILE. Sin embargo, señala que desde fines de 2023 se produjo un retroceso en políticas de salud sexual y reproductiva.
Entre los puntos destacados, la organización indicó que en 2024 no se distribuyeron insumos como misoprostol y mifepristona a las provincias, a diferencia de 2023, cuando se entregaron más de 160.000 tratamientos. También alertó por una reducción del 81% en la distribución de anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo.
Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtieron que, pese a la vigencia de la ley, persisten desigualdades territoriales en su aplicación, lo que refuerza el rol de las redes de acompañamiento y de profesionales de la salud para garantizar información y acceso. En paralelo, Amnistía remarcó la falta de datos oficiales actualizados y dificultades para acceder a información pública en varias jurisdicciones.
El informe concluye que, en el actual contexto, la ausencia de insumos, información clara y políticas activas configura un escenario que limita el ejercicio efectivo del derecho al aborto seguro, legal y gratuito establecido por la ley vigente.
Por su lado, Galkin recalcó el rol de Socorristas "especialmente en las jurisdicciones más adversas, donde suelen concentrarse los obstáculos": "Un punto central es que, frente a trabas o desinformación, muchas mujeres recurren a estas organizaciones en busca de información clara y confiable".
Además, agregó que frente a las barreras "varias provincias desarrollaron buenas prácticas" como la implementación de líneas telefónicas provinciales y otros mecanismos de contacto directo.