El equipo judicial de Milei definió su estrategia para rescatar al DNU de los 46 amparos

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei semanas atrás mantiene dos desafíos al unísono que deben darse para que este pueda ser aplicado: el legislativo y el judicial. Mientras aún el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, envió días atrás el decreto a la Comisión Bicameral del Congreso -que todavía no fue articulada-, el oficialismo despliega una batalla en la Justicia para favorecer el visto bueno del paquete de medidas.

Fueron días particularmente intensos en ese ámbito. En principio, el Gobierno apuntaba a que las demandas en la totalidad del DNU y en particular pudieran ser tratados en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

En ese fuero se tramitan las denuncias contra el Estado Nacional; y allí es donde pesan los conocimientos y la influencia del actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien además de haber sido ministro de Justicia y juez de la Corte Suprema de Justicia es uno de los abogados más reconocidos en el ámbito administrativo.

Asimismo, desde el equipo judicial acordaron junto a la Secretaría Legal y Técnica que el DNU rigiera con la mayor aproximación posible a la feria judicial, un recurso válido que tuvo como único fin la dilatación de su tratamiento en los tribunales. Este comenzó a tener vigencia el 29 de diciembre, el último día hábil del año pasado.

Contratiempos y un viraje de la estrategia del Gobierno

El último miércoles la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó el pedido de cautelar hecho por la CGT para suspender el Capítulo 4 del documento, que engloba las medidas que hacen a la reforma laboral libertaria. En menos de 24 horas, ese mismo fuero también habilitó otro pedido impulsado por la CTA con el mismo énfasis en el apartado de Trabajo y la demanda de competencia sobre el caso.

Ambas medidas configuran un freno a las modificaciones en importantes leyes como la de Registro Laboral, de Contrato de Trabajo, de Convenciones Colectivos de Trabajo, de Trabajo, entre otras.

Este mismo jueves, el juez del fuero Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar por separado, y no bajo una única sala, los distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU.

"Dice que no hay interés colectivo homogéneo y se rompe esta unificación y volvemos a esta explosión de amparos", expresó con sus palabras Barra en un reportaje con Clarín. La totalidad de amparos que se presentaron hasta este fin de semana se contabilizaban en 46.

"Tiene razón [Lavié Picó]. Solamente las relaciones jurídicas administrativas son competencia del fuero contencioso. Si se discute la ley de alquileres el fuero competente es el civil y el demandado debe ser el propietario. Por esa sencilla razón también es incorrecto que se discuta en abstracto todas las normas laborales", consideró el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht en su cuenta de X.

Esto podría configurar un perjuicio para la posición del Gobierno, tal y cómo le indicó a El Cronista el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien es uno de los principales demandantes contra el Estado por el DNU. Esto versa en que el Contencioso Administrativo no será el único ámbito en el que se tratarán los pedidos judiciales, sino que también las demandas se dispersarán y podría haber mayores condiciones para que exista una consideración de inconstitucionalidad.

En tanto, hay otra vertiente que piensa que lo único que se consideró en el fallo de Lavié Picó fue que las demandas no podían construirse solo como proceso colectivo, sino que fue por un "interés simple", tal y como desplegó también Licht.

La estrategia judicial de Milei y Barra para extender el DNU

Hasta el momento mantienen vigencia todos los artículos que integran el DNU N°70/23 que no integran el apartado laboral. Sin embargo, luego de las diferentes decisiones judiciales, todo el documento es pasible de ser analizado por las áreas que sean competentes según la demanda específica.

Ante ese panorama, la Procuración del Tesoro ya decidió que presentará un Recurso Extraordinario. Aquella información ya había sido confirmada a El Cronista por altísimas fuentes del Gobierno. El control de constitucionalidad terminará desembocando en la Corte Suprema de Justicia de cualquier otra manera.

Este recurso se presentará ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo, la misma que suspendió la reforma laboral y será oficializado en los próximos días. "Todavía estamos trabajando en ello", marcaron desde la Procuración del Tesoro, que acusa al foro laboral de haber eludido al juez de instrucción, quien no dictó ninguna medida precautoria.

Según indicó Barra, el proceso judicial llegaría al cuarto piso del Palacio de Tribunales -donde habitan los ministros de la Corte- unos días antes de la finalización de enero. Sin embargo, se presume que el máximo tribunal cumplirá con lo que prometió en el caso de La Rioja y procurará tratar la judicialización del DNU con la apertura de la feria en el próximo mes.

La Procuración del Tesoro de la Nación mantiene una base de funcionarios especializados que se mantienen a pesar de los cambios de signo político. Aun así, desde que Milei designó al exjuez de la Corte como el titular de esa área, este trajo consigo a Marcos Serrano y Andrés de la Cruz como subprocuradores; el primero más vinculado al derecho público y el segundo especializado en litigaciones financieras.