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Familiares de víctimas de los fusilamientos de 1956 piden por justicia
A 70 años de la dictadura de Aramburu, descendientes de las víctimas, denuncian que la jueza Alicia Vence retrasa la investigación por crímenes de lesa humanidad.
POR REDACCIÓN
A punto de cumplirse siete décadas de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, del partido de San Martín, la jueza Alicia Vence mantiene inactiva la causa judicial que debería revelar la verdad histórica sobre los sucesos ocurridos durante la dictadura de 1956 dirigida por Pedro Eugenio Aramburu.
Los hijos y nietos de los fusilados de José León Suárez acompañados por organismos de derechos humanos y por autoridades municipales, decidieron transitar las vías judiciales para esclarecer los hechos de la masacre cometida por fuerzas policiales y la represión que hubo en los años de plomo, después del derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón, en el golpe cívico-militar de septiembre de 1955.
Durante 2023, funcionarios judiciales del Juzgado Nro. 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, tomaron declaración a los familiares y otros testigos, incluido un agente de policía que cumplía funciones en la comisaría de San Martín aquella fatídica noche de invierno 1956.
Sobrevino el cambio de gobierno a nivel nacional, pasó la feria de verano y el fiscal Paul Starc, entonces a cargo de la investigación, abandonó su puesto para dirigir la Unidad de Información Financiera (UIF).
Sin embargo, Starc renunció a la UIF en desacuerdo con el contenido de la denominada Ley de Inocencia Fiscal y los familiares evalúan que no habría ya ningún motivo para seguir demorando la decisión de fijar fecha para el comienzo del juicio oral. Pasaron ya más de dos años de la última indagatoria, sin que se produjera ningún tipo de avance o definición.
Una historia de dilaciones
En los últimos dos años, grupos de abogados presentaron recursos de queja contra Vence por su falta de voluntad a la hora de avanzar en causas emblemáticas del terrorismo de estado como las que investigan lo sucedido en las plantas de Ford, Mercedes Benz y Techint, en las que están también involucrados altos mandos de esas empresas.
El caso de Vence aún no fue llevado al Consejo de la Magistratura, pero es habitual que los organismos se movilicen hasta la puerta del juzgado, como herramienta para forzar a la magistrada a romper su habitual inacción.
Los hechos a juzgar ocurrieron en 1956, de manera que los niños que quedaron huérfanos esa noche tienen actualmente entre 70 y 85 años, tienen hijos, nietos y hasta bisnietos. Cada día que la jueza deja pasar, reduce dramáticamente las chances de que puedan acceder a la justicia en el tiempo que les queda.
A 70 años de los fusilamientos, los hechos quedaron registrados y retratados en la novela de no ficción de Rodolfo Walsh “Operación Masacre”.
Vence tiene 59 años y se recibió de abogada en la UBA. Antes de ingresar a la justicia, sólo se le conoce una ocupación. Fue empleada de la Secretaría General de la Presidencia, a las órdenes de Alberto Kohan, durante la gestión de Carlos Menem.
Durante 6 años, hasta su nombramiento en 2011, cumplió funciones como secretaria en el juzgado federal del fallecido Claudio Bonadío.
Una puerta abierta
En 2022, casi un siglo después de los hechos, se realizó el juicio por la masacre de Napalpí, una matanza ocurrida en esa localidad chaqueña contra más de 400 integrantes de las comunidades qom y moqoit. La justicia determinó una serie de medidas reparatorias, entre ellas que los hechos integren los contenidos de la currícula escolar. Fue posible porque antes, se lo había declarado crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Este hecho marcó un presente importante en causas similares de lesa humanidad, por lo cual, motivó a los familiares de las víctimas de la dictadura de Aramburu inicien también el reclamo histórico correspondiente de memoria, verdad y justicia.