Inician debate sobre el traslado del Cuartel de la Policía Montada en Palermo

La Legislatura porteña inició hoy el debate de un proyecto impulsado por el Gobierno local para trasladar el Cuerpo de la Policía Montada, que funciona en un predio de más de siete hectáreas en Palermo, para transformar ese espacio en un centro comercial y gastronómico y habilitar la construcción de torres que podrán alcanzar los 50 pisos de altura. La iniciativa fue explicada por funcionarios de los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Economía porteños en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto, donde también se hicieron presentes personal de la Policía Federal, familiares y representantes de asociaciones en defensa del patrimonio arquitectónico para expresar sus cuestionamientos. Puntualmente, el expediente, presentado el lunes por el Ejecutivo ante la Legislatura, abarca una decena de artículos que apuntan a desafectar los actuales usos urbanos del predio delimitado por las calles Cavia y Chonino y las avenidas Casares y Presidente Figueroa Alcorta, donde funciona desde 1941 el Cuartel de Policía Montada, y reúne una serie de edificaciones históricas. La propuesta, en rigor, prevé la relocalización de las dependencias de la Policía Federal Argentina a la zona sur de la Ciudad a fin de habilitar el desarrollo de “un nuevo centro recreativo y de espacios verdes, que ofrezca una gama de servicios complementarios acordes a las características del sector urbano, y el desarrollo de nuevas áreas residenciales”, es decir, edificios con una altura máxima de 150 metros. Además, agrega el otorgamiento en concesión para el uso y explotación por hasta 50 años de un sector, conocido como “La Boyera”, que forma parte del Parque Tres de Febrero, que data de 1880, donde se guardaban los bueyes utilizados para los trabajos de mantenimiento del espacio verde. El subsecretario de Proyectos de la cartera de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta, explicó que sobre el predio de 7,3 hectáreas se propone un proyecto “que tendrá 3 hectáreas verdes y absorbentes y de acceso público para el disfrute de los vecinos” y otros polígonos serán declarados “innecesarios” para la gestión a fin de permitir su venta. Durante la reunión en la Legislatura, Eva Sivanto, titular de la Asociación de Grupo de Viudas y Familiares de Policías Federales Caídos en Cumplimiento del Deber, expresó su rechazo al proyecto ya que “ese lugar que se pretende destruir es muy importante porque hay vidas que fueron entregadas por ese predio”. María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, de la Fundación Ciudad, por su parte, objetó que “se vendan tierras públicas” y precisó que “ese predio tiene una historia y un sentido en el barrio, además de un valor patrimonial”.