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La aclaratoria a Ley de Glaciares, una ayuda para las inversiones mineras
Luego de que el presidente Javier Milei firmara la aclaratoria a la Ley de Glaciares para que se debata en febrero, el interrogante es si se trata de la medida que logre destrabar definitivamente las inversiones mineras en San Juan.
Por Marcos Ponce
Con el inicio del debate previsto para febrero en el Senado, el presidente Javier Milei firmó el envío de la aclaratoria a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa apunta a precisar los alcances de la normativa vigente y, sobre todo, a trasladar a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser consideradas periglaciares, una definición clave para determinar si los proyectos mineros pueden o no avanzar en la Cordillera de Los Andes.
La decisión reavivó el debate sobre si esta aclaratoria será suficiente para que las empresas mineras liberen las inversiones anunciadas, especialmente en San Juan, donde la minería es uno de los pilares de la economía y donde varios proyectos de gran escala esperan definiciones regulatorias para dar el salto hacia la etapa de construcción.
Ante este escenario, DIARIO HUARPE consultó a referentes de empresas mineras con fuerte presencia en la provincia para conocer si la aprobación de la aclaratoria podría convertirse en el último escollo legal que frena el desembarco de capitales.
Michael Meding, gerente del proyecto Los Azules y presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera), advirtió que no existe una única medida capaz de explicar el comportamiento inversor. “Creo que es importante entender que no existe ningún tema único que aliente o desaliente la inversión minera en la Argentina, sino un conjunto de factores”, señaló. En ese sentido, destacó el rol que tuvo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como punto de partida. “El primer gran tema fue el RIGI porque vino a restablecer confianza. Cuando uno tiene reglas claras y puede confiar en ellas, esto ayuda a la previsibilidad, que es necesaria para inversiones de gran escala y a largo plazo”, explicó.
Desde su visión, la aclaratoria a la Ley de Glaciares se suma a ese paquete de señales que el sector viene reclamando, pero no actúa de manera aislada. La estabilidad jurídica, la consistencia regulatoria y la coordinación entre Nación y provincias aparecen como condiciones tan relevantes como la definición ambiental.
Una mirada similar expresó Iván Grgic, director de Relaciones Institucionales de Vicuña Corp y presidente de la Cámara Minera de San Juan. Para el dirigente, el avance legislativo tiene un fuerte valor simbólico, aunque su impacto real dependerá de los pasos siguientes. “El mismo dictamen es una señal muy grande, pero es una señal. Ahora la ley tiene que salir y después se tiene que ejecutar”, afirmó.
Grgic puso el foco en la experiencia sanjuanina y en la capacidad de la provincia para aplicar la normativa. “San Juan, en ese sentido, ha generado procedimientos muy eficaces, especialmente en los últimos tres años, con la ley vigente. Esos mecanismos sirven muy bien para la ley aclaratoria y hacen que San Juan tenga una delantera para su aplicación, pero lo mismo tiene que aplicarse”, sostuvo.
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca despejar una de las principales zonas grises que dejó la Ley de Glaciares sancionada en 2010: la delimitación del ambiente periglacial. Durante más de una década, la falta de criterios uniformes y la superposición de interpretaciones derivaron en judicializaciones, demoras y frenos a proyectos mineros estratégicos.
Para San Juan, donde se concentran yacimientos de cobre, oro y plata de relevancia internacional, la posibilidad de que la provincia defina con mayor precisión las áreas alcanzadas por la protección ambiental es vista como una oportunidad para brindar previsibilidad a los inversores, sin renunciar a los controles ambientales.
Sin embargo, el consenso entre los referentes del sector es claro: la aclaratoria, por sí sola, no garantiza una avalancha inmediata de inversiones. Será un paso más dentro de un proceso que exige reglas claras, seguridad jurídica y una aplicación efectiva de la ley. El debate de febrero en el Senado será, en ese sentido, una instancia clave para medir hasta dónde la Argentina logra transformar las señales políticas en proyectos concretos y en dólares que efectivamente lleguen a la provincia.