Juzgan a un sanjuanino por almacenar más de 1.500 archivos de abuso sexual infantil

Un joven sanjuanino identificado como Alejandro Nahuel Pérez Molina comenzó a ser juzgado acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La causa, que expone un voluminoso caudal de pruebas digitales, podría culminar con una condena de hasta 9 años de prisión efectiva.

El imputado se encuentra detenido desde el 11 de octubre de 2024, fecha en que se originó la investigación en su contra. Actualmente cumple prisión domiciliaria en su vivienda del departamento Capital, con pulsera electrónica.

Identificación mediante pericias digitales

Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia realizó un extenso relato en el que explicó cómo se logró identificar al imputado y reconstruir su actividad a través de dispositivos electrónicos, cuentas digitales y registros de conexión.

Según detalló el fiscal, la investigación se apoyó en reportes de plataformas tecnológicas y datos técnicos como correos electrónicos, direcciones IP y conexiones de internet. Esa información permitió vincular al acusado con los dispositivos desde los cuales se operaban los archivos.

Participaron múltiples profesionales coordinados por el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez: peritos informáticos que analizaron los dispositivos secuestrados; una traductora que volcó al español reportes provenientes de empresas como Facebook, Instagram y Google; un médico legista que evaluó el material para determinar la edad de las víctimas; y equipos de trabajo social y medicina que elaboraron informes complementarios. También se incorporaron datos de compañías como Enacom, Claro y Movistar.

Más de 1.500 archivos

Uno de los puntos más graves de la acusación es la cantidad y el tipo de material hallado. Según la Fiscalía, en los dispositivos del imputado se encontraron 1.555 archivos multimedia distribuidos de la siguiente manera:

• 1.517 imágenes

• 38 videos

El contenido incluía representaciones de abuso sexual infantil, incluso con víctimas de muy corta edad (bebés y niños menores de 13 años). Parte del material habría sido compartido, ya que se detectaron rastros de distribución a través de redes sociales y plataformas como MEGA.

Los investigadores establecieron que al menos 15 archivos fueron distribuidos: 13 enviados mediante MEGA (plataforma que no envía reportes de actividad ilegal) y dos a través de Instagram. Por estos dos últimos, la Fiscalía recibió reportes internacionales que originaron la investigación del caso.

Para la acusación, la cantidad, permanencia y organización de los archivos demuestra que no se trataba de simple almacenamiento, sino de tenencia con fines de distribución.

El fiscal también mencionó que el imputado habría mantenido contacto con una menor de edad mediante redes sociales, en conversaciones de contenido sexual explícito. Estos hechos fueron derivados a la provincia de Santa Fe, donde residiría la presunta víctima, por lo que esa línea investigativa continúa en otra jurisdicción.

Reincidencia: antecedente condenatorio en 2022

El imputado, de 25 años y exestudiante de ingeniería civil, registra un antecedente condenatorio por el mismo delito. En mayo de 2022 fue condenado por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, recibiendo una pena de 1 año de prisión de cumplimiento condicional.

Pese a ese antecedente, en octubre pasado apareció un nuevo reporte de Instagram que revelaba que el joven había compartido dos videos en los que se observa a una niña de 8 años siendo abusada por adultos. Ese tráfico ilegal de datos fue detectado por una organización internacional de lucha contra el maltrato infantil, que giró el informe a la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de allí se trasladó la causa a San Juan.

Delitos y pena solicitada

La calificación legal incluye:

• Distribución de material de abuso sexual infantil agravado

• Tenencia de dicho material con fines de distribución

Ambos delitos están contemplados en el artículo 128 del Código Penal y se aplican bajo la figura de concurso real, lo que eleva la escala penal. El fiscal sostuvo que la pena solicitada —nueve años de prisión efectiva— se fundamenta en diversos agravantes: la gran cantidad de archivos encontrados, la edad de las víctimas (muchas menores de 13 años) y la distribución comprobada del material.

La defensa de Pérez Molina está a cargo del abogado César Jofré. La jueza Flavia Allende será la encargada de dictar sentencia.