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La justicia rechazó amparos antimineros en Mendoza
En una provincia con fuerte perfil minero, la Justicia provincial le puso un freno a los planteos antimineros que buscaban paralizar un proyecto estratégico.
POR REDACCIÓN
La Justicia de Mendoza resolvió rechazar una serie de acciones judiciales impulsadas por sectores antimineros, que tenían como objetivo frenar el avance de un proyecto de cobre San Jorge. El proyecto prevé la instalación de una mina de cobre en la zona de Uspallata, departamento Las Heras, y que semanas atrás obtuvo el respaldo de la Legislatura provincial pero que luego generó una reacción de organizaciones sociales y personas a título individual que pretendían suspender la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la ley que la ratificó.
La resolución fue adoptada por el Tribunal de Gestión Asociada – Primero, que intervino en los tres expedientes. Los planteos habían sido presentados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil de Uspallata “El Suri”, referentes ambientalistas como el geógrafo Marcelo Giraud y Oscar Daniel Funes, la Comunidad Huarpe Guaytamarai y Fundación Cullunche, además de una acción impulsada por Alder Corsanigo.
El juez Pablo Bittar, a cargo de los fallos, fundamentó el rechazo al señalar que suspender la Declaración de Impacto Ambiental y la ley que la respalda constituye una medida de carácter extraordinario, que no puede ser adoptada sin que se acrediten de manera contundente los requisitos legales exigidos.
En ese sentido, el magistrado sostuvo que “la medida cautelar de suspender actos estatales es de naturaleza excepcionalísima, sólo admisible cuando la ilegitimidad es manifiesta y la necesidad impostergable”. Según el fallo, ninguna de esas condiciones se verificó en los planteos presentados, ya que la DIA no aparece, prima facie, como ilegal, sino como el resultado de un proceso administrativo formal que contó además con control legislativo.
Bittar también remarcó que no existe una urgencia extrema que justifique paralizar el proyecto antes del dictado de una sentencia definitiva, dejando en claro que el análisis de la legalidad del procedimiento podrá realizarse más adelante, con el debido debate probatorio y todos los elementos necesarios.
La decisión judicial representa un respaldo institucional al esquema de evaluación ambiental vigente y al rol del Poder Legislativo en la validación de proyectos productivos. En una provincia donde la minería forma parte central de la matriz económica, el fallo sienta un precedente al establecer que las iniciativas que cumplieron las instancias técnicas, administrativas y políticas no pueden ser frenadas de manera automática por acciones cautelares.
El caso también vuelve a poner en foco la tensión entre sectores ambientalistas y el desarrollo minero, un debate que atraviesa a varias provincias argentinas. En este escenario, la Justicia provincial marcó un límite claro: el control judicial existe, pero no puede convertirse en una herramienta para bloquear proyectos sin pruebas concretas de ilegalidad.