Médicos hacen huelga por 72 horas ante el ajuste encubierto en el PAMI

A raíz de una resolución firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), el Gobierno nacional eliminó los incentivos y prestaciones, implica un recorte de ingresos superiores al 50%. Con este panorama los médicos prestadores declararon un paro de 72 horas como metodología de protesta.

El conflicto se desató con la el acta RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) que introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional correspondiente a médicos y médicas de cabecera, generando preocupación creciente entre profesionales de todo el país.

La norma establece la unificación y actualización del nomenclador prestacional, el incremento del valor de la cápita a partir del mes prestacional abril de 2026 y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado de los médicos de cabecera. Asimismo, plantea un proceso de simplificación administrativa orientado a priorizar dentro de la cápita prácticas que anteriormente se remuneraban por prestación.

En sus propios considerandos, la resolución reconoce que el sistema vigente se estructuraba bajo un esquema de retribución mixto, combinando pago capitado y pago por prestaciones médicas realizadas. Sin embargo, médicos prestadores sostienen que la implementación efectiva del nuevo modelo implica la desaparición de componentes variables esenciales del ingreso profesional, concentrando la remuneración casi exclusivamente en el pago por cápita.

Un elemento relevante desde el punto de vista jurídico es que la resolución ratifica la continuidad de los contratos celebrados con los médicos de cabecera. A pesar de ello, los profesionales denuncian que las condiciones económicas fueron modificadas sin renegociación contractual previa, lo que abre interrogantes respecto de eventuales conflictos legales.

Los médicos continúan trabajando bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, debiendo cumplir una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujeta a auditorías destinadas a verificar la presencia efectiva del profesional. Paralelamente, deben asumir la totalidad de los costos de funcionamiento del consultorio, incluyendo alquiler, personal administrativo, servicios, insumos médicos, conectividad, mantenimiento y cargas impositivas.

Según estimaciones difundidas por delegados profesionales y asociaciones médicas, ingresos mensuales que rondaban los 3.800.000 pesos podrían reducirse a valores cercanos a entre 1.200.000 y 1.600.000 pesos, lo que representaría una caída superior al 50 por ciento de la facturación. En numerosos casos, señalan que el ejercicio profesional podría resultar económicamente inviable una vez descontados los costos operativos.

Representantes de APPAMIA advierten que este escenario podría derivar en una salida significativa de médicos del sistema, afectando el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI. El médico de cabecera constituye la figura central del modelo asistencial del Instituto, responsable del seguimiento clínico de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialidades.

La eventual reducción del plantel médico podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario general y generando riesgos de discontinuidad en la atención de jubilados y pensionados.

En ese marco lanzaron una huelga total desde este lunes hasta el miércoles inclusive. “Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”, sostienen desde la organización que reclama que quede sin efecto la resolución que desató el conflicto.

Profesionales consultados señalan además la existencia de un clima de preocupación y cautela frente a posibles rescisiones contractuales, lo que limita la exposición pública de reclamos. No obstante, distintos grupos de médicos comenzaron a coordinar acciones gremiales y evalúan la adopción de medidas de fuerza en defensa de sus condiciones laborales y del sistema de atención a afiliados.

En este contexto, el conflicto adquiere una dimensión que excede la discusión salarial, proyectándose como un posible problema sanitario estructural vinculado al acceso efectivo a la atención médica de la población mayor cubierta por el PAMI.

Caja de conflictos a punto de explotar

La deuda del PAMI con las prestadoras de salud aumenta. El diputado Pablo Yeldin, de Unión por la Patria, advirtió que la obra social debe unos 500 mil millones de pesos y el riesgo de más de 5 millones de jubilados quedarían sin servicios de salud.

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Alejandra Gómez, confirmó que el PAMI no paga prestaciones desde enero: “Hoy estamos en una situación donde hay muchas farmacias que ya tienen las cuentas cortadas. La situación no da para más, el cliente no da para más”, sostuvo.

Mientras que la exdirectora y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, planteó: “El “desfinanciamiento” del PAMI se cubría con el Impuesto País hasta 2024, durante el año pasado el 23% del presupuesto se compensó con aportes del Tesoro Nacional, pero este año, Caputo no manda plata porque la teoría del déficit fiscal la consigue así, quitándole las prestaciones a las que está obligado”, expresó. 

Ante los cambios del modelo de atención, Esteban Ernesto Leguizamo, estableció el uso obligatorio de formularios digitales y de la Orden Médica Electrónica (OME), con el argumento de “mejorar la trazabilidad de la atención y agilizar los procesos administrativos”. 

Sin embargo, los médicos de cabecera consideran que las modificaciones en el PAMI son un “ajuste encubierto”. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud cuestionaron el “ordenamiento” y alertaron que “en los hechos redefine el sistema en perjuicio de los médicos de cabecera”. “La consulta presencial deja de reconocerse por prestación, se absorben prácticas dentro de un pago fijo y se elimina el incentivo económico a la formación profesional. Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina. Esto no ordena el sistema. Lo ajusta”, expresaron en un comunicado. 

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI, Gastón Venturi, alertó que los cambios en el modelo de atención solo buscan “achicar” el costo de las prestaciones. “No es una mejora de sistema, es un ajuste disfrazado. Te dicen ahí en la que van a ordenar y que van a modernizar, pero en realidad lo que están haciendo es trasladar el costo a los médicos, y al final del camino, el ajuste es a los jubilados. Después meten más prestaciones dentro de este pago fijo, o sea, el médico tiene que hacer más cosas por la misma plata”, aseguró el representante.