Política > No hay plata
Propuesta de Javier Milei para eliminar financiamiento estatal a partidos políticos
Se presentó la propuesta de Javier Milei para eliminar financiamiento estatal a partidos políticos.
POR REDACCIÓN
El Gobierno del presidente Javier Milei planea presentar al Congreso una propuesta que eliminaría el financiamiento estatal a los partidos políticos en Argentina, moviéndose hacia un modelo similar al estadounidense, en el cual los adherentes y simpatizantes de los partidos contribuyen directamente a su sostenimiento económico. Esta propuesta se inscribe en el marco de la política de “transparencia y recorte de gastos de la política” que el Ejecutivo impulsa, en línea con su discurso contra las "castas políticas".
TE PUEDE INTERESAR
El proyecto, impulsado en el Congreso por Graciela Ocaña, obtuvo dictamen favorable en comisión, y se espera que sea debatido como parte de la discusión del presupuesto para el año 2025. Según fuentes de la Casa Rosada, uno de los objetivos del Gobierno es redistribuir los fondos que actualmente se destinan a los partidos hacia áreas como la educación universitaria, lo cual podría servir de argumento negociador para ganar apoyo en el Parlamento. Sin embargo, la propuesta enfrenta obstáculos, ya que no todos los legisladores están de acuerdo con recortar el financiamiento público en un contexto donde el dinero privado podría afectar la equidad entre los partidos.
El financiamiento estatal a los partidos políticos en Argentina está regulado por la Ley 26.215, que establece que el Estado debe distribuir fondos equitativamente para actividades como la impresión de boletas y las campañas electorales. Para este último fin, el 50% del presupuesto asignado se reparte en partes iguales entre todos los partidos, mientras que el 50% restante se distribuye en función de los votos obtenidos en la última elección. Este sistema asegura una base de financiamiento público que equilibra, en teoría, las posibilidades de partidos grandes y pequeños.
TE PUEDE INTERESAR
Sin embargo, los partidos también pueden recibir fondos de fuentes privadas, como aportes de sus afiliados, donaciones y actividades de recaudación, aunque con restricciones para evitar influencias externas. No se permiten donaciones anónimas ni aportes de contratistas o proveedores del Estado, y la Cámara Nacional Electoral lleva un registro público de los aportes permitidos. Aun así, expertos señalan que gran parte del financiamiento de las campañas proviene de aportes informales, que no siempre son reflejados en los registros oficiales, lo cual limita la transparencia del sistema.
El debate sobre el financiamiento de la política es parte de una agenda más amplia que impulsa el Gobierno, que incluye la eliminación de las PASO y otros recortes en el gasto público. No obstante, la eliminación de las primarias enfrenta desafíos, ya que el Gobierno no ha logrado reunir los votos suficientes en el Congreso para aprobar su eliminación. En paralelo, la discusión del presupuesto continúa y podría incluir modificaciones en otras áreas, como las jubilaciones, donde el Ejecutivo mantiene su postura en contra de una recomposición del 8%, aunque evalúa la posibilidad de una suma única para ciertos sectores.
La partida asignada en 2023 al Ministerio del Interior para el “Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad”, que destinó 48.500 millones de pesos a actividades vinculadas a los partidos políticos, refleja la magnitud del financiamiento estatal. Esta cifra, equivalente a 164 millones de dólares al tipo de cambio oficial del año, es parte del gasto público que el Gobierno ahora busca redirigir, en consonancia con su política de austeridad y equilibrio fiscal.