Peces muertos en Cuesta del Viento: hipoxia y factores naturales, según la fiscalía

A casi cuatro meses del hallazgo de miles de peces muertos en las costas del Dique Cuesta del Viento, un episodio que el pasado 3 de noviembre de 2025 conmocionó a toda la provincia, la Justicia sanjuanina ha dado un paso definitivo. El fiscal de la UFI Norte, Sohar Aballay, confirmó que la causa investigativa iniciada de oficio fue desestimada tras concluirse que no existen elementos para configurar un delito penal.

Los argumentos de la fiscalía tras la investigación

El fiscal Aballay detalló los pormenores de la resolución que pone fin al legajo judicial. El funcionario explicó que el trabajo se basó en una serie de informes requeridos a diversos organismos, entre ellos la Secretaría de Estado de Ambiente, la Dirección de Hidráulica, el Cipcami y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

“Los resultados de las pericias técnicas no arrojan pruebas que encuadren en la figura penal denunciada o investigada”, aclaró Aballay, en diálogo con el medio Jáchal La Región.

Según el fiscal, la investigación se inició de oficio para determinar si existía algún ilícito ambiental, pero tras recolectar la evidencia, se determinó que el hecho no constituye una conducta criminal.

La hipótesis técnica: hipoxia y algas

El núcleo de la resolución judicial descansa en el informe técnico emitido por los organismos de la provincia. Aballay señaló que este informe es el único que abordó de manera directa el estado de los ejemplares encontrados en los márgenes del dique. La causa del fallecimiento masivo fue identificada como hipoxia, es decir, una deficiencia de oxígeno en el agua, vinculada estrechamente a la proliferación de algas.

El fiscal profundizó en las características biológicas del evento, mencionando que los peces afectados eran, en su mayoría, ejemplares jóvenes. Esta particularidad los hacía mucho más propensos a sufrir ante cambios bruscos en los niveles de oxígeno. "Esa era la causa por la cual habrían fallecido", sentenció el magistrado, descartando así la intervención de agentes externos o vertidos contaminantes que pudieran ser perseguidos penalmente.

Un fenómeno extraordinario y sin repeticiones

Uno de los puntos clave para desestimar la existencia de un delito fue la falta de eventos similares posteriores al 3 de noviembre. Según el fiscal, no se han registrado nuevas apariciones de peces muertos con las mismas características hasta la fecha, lo que refuerza la teoría de un evento natural extraordinario conforme surge del informe de Ambiente.

Para la fiscalía, el foco central siempre fue determinar si la mortalidad constituía un delito ambiental puntual. Al no hallarse pruebas de una "cuestión extra-natural" que afectara a la fauna más allá de las causas especificadas por los profesionales técnicos, se dispuso el archivo de las actuaciones.

Transparencia y derecho a apelación

Aballay reveló que la resolución fue firmada formalmente antes del 15 de febrero, cumpliendo con los plazos legales que se había impuesto tras el receso judicial de enero. Ante la consulta sobre la participación de la sociedad, el fiscal aseguró que cualquier ciudadano o parte que se considere afectada puede solicitar el informe de la resolución.

"Si alguien considera que hay cuestiones para cuestionar, lo puede hacer sin ningún problema", afirmó, aclarando que se requiere algún tipo de legitimación para acceder a la documentación, pero que la fiscalía permanece abierta a las consultas de la comunidad.

Cabe recordar que, aunque se detectaron trazas de cloro total en puntos de la cuenca en análisis previos de la UNCuyo, la Justicia consideró que no hubo mérito suficiente para avanzar con una imputación formal.

Con esta decisión, el caso cierra su etapa penal, dejando atrás meses de incertidumbre en Iglesia y Jáchal.