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Un imputado pagará $700.000 por usar una tarjeta extraviada
El acusado admitió haber utilizado una tarjeta de crédito perdida para realizar compras y deberá resarcir a la víctima en dos cuotas, tras un acuerdo homologado por la Justicia.
POR REDACCIÓN
La Justicia dio por finalizada una causa por defraudación informática luego de homologar un acuerdo entre las partes, en el que el imputado Rodrigo Andrés Palacio reconoció haber utilizado una tarjeta de crédito extraviada para realizar distintos consumos sin autorización.
El entendimiento se alcanzó en audiencia judicial, donde el acusado aceptó indemnizar a la damnificada, Haydee Ramona Fernández, con el pago de 700 mil pesos. El monto será abonado en dos cuotas, con vencimientos fijados para el 20 de abril y el 15 de mayo.
La resolución fue convalidada por la jueza Mónica Lucero, con la intervención del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo de las abogadas Cintia Navas y María Filomena Noriega.
Como parte de las condiciones del acuerdo, se dispuso la devolución provisoria del teléfono celular que había sido secuestrado durante la investigación. La restitución definitiva del dispositivo quedará sujeta al cumplimiento total del pago establecido.
El caso se originó a fines de noviembre de 2025, cuando familiares de la víctima detectaron movimientos sospechosos en una tarjeta MasterCard del Banco San Juan que había sido extraviada, lo que motivó la denuncia.
A partir de allí, se identificaron distintos consumos no autorizados en comercios y plataformas digitales. Entre ellos se destacó una compra de elevado monto en una heladería de Rivadavia, además de un intento de gasto superior al millón de pesos que fue rechazado por el sistema.
La investigación permitió vincular a Palacio con una de las operaciones clave. Según consta en la causa, el acusado habría intentado justificar el consumo alegando problemas económicos y ofreciendo una transferencia como compensación, lo que terminó consolidando las pruebas en su contra.
Con el acuerdo homologado, la causa quedó cerrada, aunque el cumplimiento del resarcimiento económico será determinante para que se mantengan los beneficios otorgados al imputado.