Judiciales > Se extienden los plazos
Audiencia en suspenso hasta que se resuelva el planteo de la defensa de Castro
El juez decidió frenar la audiencia en la que se buscaba imputar al intendente José Castro y a tres concejales hasta que se revise y se considere si es válida la ordenanza para extinguir el proceso penal.
Por Ariel Patruceli
La Justicia de San Juan resolvió frenar momentáneamente la audiencia en la que se buscaba imputar a José Castro y a tres concejales hasta que otro magistrado revise un planteo de la defensa.
La audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal pretendía formalizar la investigación penal contra el intendente de Angaco, José Castro, y tres concejales quedó en suspenso este lunes 16 luego de que el juez de garantías, Gerardo Fernández Caussi, resolviera conceder una impugnación presentada por la defensa.
La decisión implica que otro magistrado deberá revisar el planteo realizado por los abogados del jefe comunal antes de que el proceso continúe. Hasta que eso ocurra, la audiencia quedó interrumpida y la imputación que buscaba formular la fiscalía no pudo concretarse.
Durante la jornada en Tribunales, el magistrado había rechazado inicialmente los argumentos de la defensa vinculados con la competencia del fuero penal y con la existencia de una cuestión previa relacionada con la validez de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Angaco, en la cual se habilitaba al acusado a resarcir posible daño ocasionado, con un pago de $5.000.000 a una entidad de beneficencia, en este caso Cáritas de Angaco. A lo que la fiscalía se opone porque entiende que el pago de un resarcimiento no estaría estipulado para casos de peculado como es el que la Justicia investiga tras la denuncia realizada en 2019 además de entender que la decisión de los ediles atenta contra la división de poderes.
Sin embargo, el defensor del intendente, Marcelo Fernández, insistió con el planteo e impugnó la resolución. La presentación fue acompañada por la defensa de los concejales que también están bajo investigación. Desde la fiscalía de Delitos Especiales, el fiscal Francisco Nicolía se opuso al recurso y solicitó que la audiencia continuara para avanzar con la formalización de la causa.
A pesar de esa postura, el juez decidió admitir la impugnación y establecer un cuarto intermedio hasta que otro juez analice el planteo y determine si corresponde continuar con la audiencia.
La ordenanza bajo investigación
La causa se originó a partir de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Angaco que habilitaba un acuerdo con el objetivo de intentar cerrar un proceso penal que enfrenta el jefe comunal.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el intendente impulsó una iniciativa de conciliación mediante la cual se comprometía a donar cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del presunto daño.
La propuesta fue tratada en una sesión extraordinaria y aprobada por mayoría simple con el respaldo de los concejales oficialistas, ya que son mayoría en el Concejo Deliberante .
Posteriormente, la defensa presentó esa ordenanza ante la Justicia con la intención de que se considerara válido el acuerdo y se extinguiera la acción penal.
Para el Ministerio Público Fiscal, esa decisión podría constituir una maniobra para interferir en un proceso judicial en curso. Por ese motivo, Castro está acusado de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
En tanto, los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López están señalados por presunto abuso de autoridad y encubrimiento.
La causa que originó el conflicto
El expediente que dio origen al conflicto judicial comenzó en 2019 tras una denuncia presentada por un exconcejal del mismo espacio político del intendente. En esa investigación se analiza si el jefe comunal utilizó maquinaria y personal municipal en un terreno privado ubicado en el departamento Chimbas, lo que derivó en una imputación por presunta malversación de caudales públicos.
El juicio oral por ese caso debía comenzar el 23 de febrero de 2026, pero fue suspendido hasta que se defina si el acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante tiene validez jurídica.
El tribunal encargado del debate, integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, fijó una audiencia para el 20 de marzo en la que se evaluará si el proceso judicial continúa o si el acuerdo puede ser considerado válido.
Mientras tanto, la causa vinculada a la ordenanza permanece en pausa a la espera de la decisión de otro magistrado.