Judiciales > Cayó el acuerdo
Caso Branka Motors: dictaron cinco meses de prisión preventiva a imputados
La jueza Carolina Parra revocó el acuerdo de reparación integral en la causa de Branka Motors tras el incumplimiento del primer pago a los damnificados.
POR REDACCIÓN
La causa judicial contra Branka Motors sumó este viernes 8 de mayo un nuevo capítulo luego de que la Justicia revocara el acuerdo de reparación integral firmado entre los imputados y los damnificados. La decisión fue tomada por la jueza Carolina Parra, quien hizo lugar al planteo presentado por el fiscal Guillermo Heredia tras el incumplimiento del primero de los cinco pagos acordados con las víctimas.
Como consecuencia, los imputados Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire deberán cumplir cinco meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
La audiencia se realizó este viernes en Tribunales y estuvo marcada por momentos de tensión entre los damnificados que siguieron de cerca la resolución judicial.
El acuerdo que había sido homologado contemplaba la devolución del dinero $524 millones en cinco cuotas distribuidas durante cuatro meses. Sin embargo, el primer pago previsto para el 25 de abril no fue concretado.
Ante esta situación, Fiscalía solicitó que el convenio quedara sin efecto y pidió además 10 meses de prisión preventiva para los acusados, junto con el remate de dos inmuebles y tres vehículos pertenecientes a los imputados. Ese último planteo fue rechazado por la magistrada.
Durante la audiencia, uno de los acusados aseguró que el pago había sido realizado en ese mismo momento, lo que derivó en un cuarto intermedio para verificar la información. Finalmente, tras más de 20 minutos, se confirmó que la transferencia no había sido acreditada.
La situación generó malestar entre los damnificados que aguardaban en las afueras de Tribunales una definición sobre la continuidad del acuerdo.
La causa investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a operaciones comerciales realizadas por Branka Motors y ya acumula un perjuicio económico estimado en $524 millones.
Según la investigación, existen 352 damnificados que denunciaron incumplimientos vinculados a la entrega de vehículos y operaciones comerciales.
El expediente es llevado adelante por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo la conducción del fiscal Guillermo Heredia, quien continúa trabajando sobre movimientos financieros y patrimoniales relacionados con la firma.
Con la caída del acuerdo de reparación integral, la causa ingresó ahora en una nueva etapa judicial mientras avanzan las medidas procesales contra los acusados.