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El Gobierno detectó 178.000 certificados de discapacidad a personas fallecidas
El hallazgo surge de un cruce entre bases oficiales y derivó en una investigación interna.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional aseguró haber detectado que 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) correspondían a personas fallecidas. El dato surge de un cruce entre las bases de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), realizado en el marco del reordenamiento del organismo.
Según fuentes del Ejecutivo, las autoridades accedieron a esta información en las últimas horas y se prevé avanzar con la baja de esos certificados. Además, se evalúan acciones legales contra quienes continuaron percibiendo beneficios vinculados al CUD pese al fallecimiento de los titulares, así como contra prestadores que habrían cobrado por servicios no prestados.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita una condición de discapacidad y permite acceder a prestaciones de salud, transporte, asignaciones y otros beneficios en todo el país. Su otorgamiento se realiza mediante una evaluación interdisciplinaria y no cuenta con un vencimiento fijo, sino con períodos de actualización actualmente prorrogados.
La detección de certificados activos a nombre de personas fallecidas dio lugar a una investigación interna, impulsada tras la intervención de la Andis, actualmente a cargo de Alejandro Vilches. El proceso se inició luego del apartamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, tras la difusión de audios que derivaron en sospechas de corrupción.
En paralelo, el Ministerio de Salud ordenó una auditoría en la Andis con participación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), enfocada en la gestión de Pensiones No Contributivas y compras de medicamentos. La revisión se encuentra en curso y podría finalizar antes del primer trimestre de 2026.
El reordenamiento del área de Discapacidad se da en un contexto de debate político más amplio, marcado por cuestionamientos a la gestión del organismo y discusiones legislativas vinculadas al financiamiento y la emergencia en el sector.