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La Justicia de EEUU anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones
Un tribunal de apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la millonaria condena contra Argentina por la expropiación de YPF. El Gobierno lo calificó como un triunfo clave para el país.
POR REDACCIÓN
La Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF y el presidente Javier Milei celebró la decisión como una victoria judicial y económica para el país.
El fallo fue dictado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares a fondos demandantes.
La resolución revierte el fallo emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había considerado que Argentina incumplió normas al expropiar el 51% de YPF en 2012 sin lanzar una oferta pública para accionistas minoritarios.
Tras conocerse la decisión, Milei utilizó sus redes sociales para celebrar el resultado con un mensaje contundente en el que afirmó que el país “no debe pagar nada”, destacando el impacto positivo del fallo en las finanzas públicas.
El caso judicial se había iniciado en 2015 a partir de demandas de accionistas afectados por la nacionalización de la petrolera, y representaba uno de los mayores litigios internacionales contra el Estado argentino.
De haberse mantenido la condena, el monto a pagar equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional, lo que generaba preocupación por su impacto en la economía.
El tribunal de apelaciones cuestionó, entre otros puntos, que el caso fuera juzgado en Estados Unidos pese a tratarse de una operación realizada en Argentina y bajo legislación local, lo que resultó clave para revertir la sentencia.
Si bien la decisión representa un fuerte alivio para el Gobierno, el proceso judicial aún podría continuar con nuevas instancias, ya que las partes tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema estadounidense.
De esta manera, el fallo marca un giro central en uno de los litigios más costosos para el país y abre un nuevo escenario en la disputa internacional por la expropiación de YPF.