La Pampa judicializó la aclaratoria a Ley de Glaciares

A pocas horas de la sanción de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, activó la vía judicial y presentó la primera demanda para frenar la aplicación de la norma. Se trata de una acción de amparo colectivo que busca declarar la inconstitucionalidad de la reforma y suspender sus efectos en todo el país.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal de Santa Rosa y cuenta con el respaldo institucional de la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad). En conjunto, los demandantes sostienen que los cambios introducidos por el Congreso implican un retroceso en materia de protección ambiental.

En el escrito judicial, se solicita la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta” de la norma, al considerar que vulnera derechos de rango constitucional como el acceso al agua y a un ambiente sano. Además, pidieron una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación de la ley hasta tanto exista una sentencia definitiva.

Uno de los argumentos centrales de la demanda es el riesgo ambiental que podría derivarse de la nueva normativa. Según advierten, permitir su implementación mientras se discute su validez podría generar “daños graves e irreversibles” en ecosistemas sensibles. En ese sentido, cuestionan que la reforma habilite actividades productivas en zonas que antes estaban protegidas.

La modificación del régimen establece que la protección del ambiente glaciar y periglaciar quedará sujeta a estudios técnicos que deberán realizar las provincias. Aquellas áreas que no sean consideradas estratégicas para la función hídrica podrán ser excluidas del inventario nacional y habilitadas para el desarrollo de proyectos productivos.

Este punto es, precisamente, uno de los ejes del conflicto. Para los demandantes, el nuevo esquema rompe con el principio de presupuestos mínimos ambientales establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizar un piso uniforme de protección en todo el territorio.

“La Nación debe asegurar un estándar común que no puede quedar librado a decisiones fragmentadas de cada provincia”, sostienen en la presentación judicial, al tiempo que advierten sobre el carácter interjurisdiccional de los recursos hídricos.

En ese marco, La Pampa argumenta que, aunque no posee glaciares en su territorio, depende directamente de los sistemas hídricos que se originan en la Cordillera de los Andes. Por ello, consideran que cualquier modificación en la protección de esos ecosistemas impacta de manera directa en sus recursos.

El planteo también introduce el concepto de “regresividad ambiental”, al señalar que la nueva ley reduce el nivel de protección vigente desde 2010 sin una justificación suficiente. Este argumento apunta a cuestionar la validez de una reforma que, según sostienen, debilita garantías ya consolidadas.

De este modo, la discusión por la Ley de Glaciares suma un nuevo capítulo, ahora en el plano judicial, que podría escalar a la Corte Suprema y abrir un frente de conflicto entre Nación, provincias y organizaciones ambientales. Mientras tanto, la aplicación de la norma queda sujeta a lo que resuelva la Justicia en las próximas semanas.