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Mendoza imputó a tres estudiantes por amenazas de tiroteo en escuelas
Tres estudiantes fueron imputados por amenazas en escuelas, en un caso que refuerza que este tipo de hechos tiene consecuencias penales.
POR REDACCIÓN
En medio de la seguidilla de amenazas que generaron preocupación en la comunidad educativa, el Gobierno de Mendoza confirmó que tres estudiantes fueron imputados por intimidación pública. La medida se da en un contexto donde el fenómeno, vinculado en muchos casos a la viralización en redes sociales, derivó en la implementación de nuevos protocolos y un fuerte llamado a la corresponsabilidad de las familias.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, fue contundente al referirse a la situación: “El que las hace, las paga. Hay tres personas imputadas e investigadas. Son jóvenes”. Además, aclaró que se trata de alumnos y remarcó que “no es una broma, es un delito”.
Un delito con consecuencias penales
La intimidación pública está contemplada en el artículo 211 del Código Penal, con penas de dos a seis años de prisión para quienes generen temor público mediante amenazas o señales de alarma.
En ese sentido, García Zalazar insistió en la gravedad de los hechos y en la necesidad de dimensionar sus consecuencias: “Esa persona que hace una amenaza sostenida tiene que pagar las consecuencias penales”.
Las investigaciones apuntan también al rol de las redes sociales en la propagación de estos mensajes. “Son tres personas que han estado promocionando tanto en sus redes como en sus colegios este tipo de acciones”, explicó el funcionario.
Clases normales y mensaje de tranquilidad
A pesar del impacto inicial, desde el Gobierno provincial aseguraron que este viernes las clases se desarrollan con normalidad en Mendoza. “Hoy, la escuela es el lugar más seguro que el joven tiene para ir”, sostuvo el ministro, en un intento por llevar calma a las familias y contrarrestar versiones falsas difundidas en redes y grupos de mensajería.
En total, se detectaron amenazas en al menos 25 establecimientos educativos de distintos departamentos, lo que motivó la activación de medidas de prevención y control.
Nuevo protocolo y medidas concretas
Frente a este escenario, la Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó un “Protocolo de actuación ante amenaza, intimidación pública y retos virales”, que ya comenzó a aplicarse en los establecimientos.
El documento establece pautas claras sobre cómo identificar señales de alerta, cómo actuar ante cambios de conducta en los estudiantes y cuándo recurrir a equipos especializados.
Entre las medidas más concretas, se habilita a las instituciones a revisar pertenencias de los alumnos. “Sí, claro que sí”, afirmó la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, al ser consultada sobre esta posibilidad. De hecho, durante la jornada ya se implementaron controles en algunos colegios.
Incluso, el protocolo contempla situaciones excepcionales: “Se puede pedir que los chicos vayan solo con carpeta y lapicera, sin mochila, si hay una amenaza vigente”, explicó Páez.
El rol central de las familias
Más allá de las medidas institucionales, las autoridades pusieron el foco en la responsabilidad compartida con las familias. “Podemos hacer protocolos, pero el rol de los padres es fundamental”, advirtió García Zalazar.
En esa línea, el nuevo protocolo incluye un anexo que promueve el diálogo en el hogar con preguntas concretas: en qué redes participan los estudiantes, con quién interactúan y qué llevan en sus mochilas.
“Ese chico sale de una casa. Volvemos a la corresponsabilidad”, subrayó Páez, destacando que la prevención no puede limitarse al ámbito escolar.
Un fenómeno en expansión
El caso de Mendoza se inscribe en un escenario más amplio, con situaciones similares registradas en distintas provincias del país. La repetición de mensajes y formatos refuerza la hipótesis de un fenómeno viral, muchas veces impulsado por dinámicas de imitación entre adolescentes.
Frente a esto, las autoridades coinciden en una línea de acción: fortalecer la prevención, sostener la actividad escolar con normalidad y promover un trabajo conjunto entre Estado, escuelas y familias para reducir el impacto de estas conductas.