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Los módulos habitacionales derivaron en un millonario gasto estatal
El Estado provincial gastó más de $80 millones en los módulos habitacionales que a partir de ahora serán reemplazados por soluciones habitacionales de mayor calidad y considerablemente más económicas.
POR REDACCIÓN
El Gobierno provincial dio a conocer este marte que no entregará más los módulos habitacionales de emergencia, los cuales fueron un emblema de la gestión anterior. La decisión está relacionada con la escasa durabilidad y calidad de las mismas, pero principalmente con las siderales cifras que el Estado provincial debió pagar a lo largo de los últimos años por las mismas.
DIARIO HUARPE tuvo acceso a los expedientes que dan cuenta del millonario gasto en que incurrió la provincia para adquirir las soluciones habitacionales, consideradas para emergencias pero que en muchos casos terminaron siendo definitivas.
Durante los últimos cinco años de la gestión de Daniel Molina al frente del Ministerio de Desarrollo Humano y de José Luis Gioja al frente del Ejecutivo provincial, el Estado provincial sólo confió en una empresa para adquirir los módulos. Modular Homes SRL, la elegida por el Gobierno, vivió su época de esplendor con la instalación de los grandes campamentos mineros en la provincia, pero tras el parate minero su actividad decayó para dedicarse casi exclusivamente en San Juan a la construcción de los mencionados módulos de asistencia social.
Entre los años 2011 y 2015, Modular Homes le facturó al Estado provincial más de ochenta millones de pesos, más concretamente $80.024.879, distribuidos de la siguiente manera: en 2011, el montó gastado ascendió a $1.898.500, mientras que en 2012 la cifra disminuyó hasta los $916.000. Al año siguiente, la empresa recibió $8.837.788, dando un salto más que importante en 2014, donde la facturación llegó a los $54.953.730.
En el último año de la gestión giojista, $13.418.861 salieron del erario público para la compra de módulos. En ese entonces, el valor de cada módulo rondaba los $300.000, cifra muy lejana a los $70.000 que le costará al actual gobierno cada una de las construcciones de ladrillos o blocks, las cuales no sólo ofrecen una mayor durabilidad y calidad, si no que además de ser antisísimicas les permitirán a sus habitantes realizar ampliaciones.
Ese cúmulo de razones impulsó al actual gobierno a ponerle fin a la compra de los containers “reciclados”, ya que optó no sólo por brindar una mejor respuesta habitacional ante las emergencias, si no que además priorizó el cuidado de las arcas provinciales, al evitar un gasto que parece excesivo.