Auditarán a la Anmat tras las 111 muertes por fentanilo adulterado

La Auditoría General de la Nación pondrá bajo la lupa a la Anmat tras la confirmación de 111 muertes provocadas por fentanilo adulterado en uno de los mayores escándalos sanitarios recientes del país. La decisión se da en el marco de la causa judicial que investiga responsabilidades por la distribución de un medicamento contaminado. 

El caso dejó al descubierto una cadena de fallas en los controles estatales y en el sistema de producción farmacéutica. Según informes preliminares, hubo alertas críticas que no fueron atendidas a tiempo, lo que impidió frenar la circulación del lote contaminado. 

La investigación judicial ya determinó que el fármaco adulterado está vinculado a 111 fallecimientos y decenas de personas afectadas, tras analizar más de un centenar de casos en todo el país. 

En ese contexto, la AGN buscará determinar si existieron negligencias u omisiones por parte de las autoridades sanitarias en los controles y la fiscalización del medicamento. La auditoría también apunta a revisar el sistema de trazabilidad y retiro de productos defectuosos. 

La causa judicial ya tiene múltiples imputados. El principal señalado es el empresario Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios responsables de la producción del lote contaminado, junto a otros integrantes de la firma que habrían participado en decisiones clave de fabricación y distribución. 

Según la Justicia, el lote cuestionado fue elaborado en diciembre de 2024 en condiciones irregulares, con múltiples fallas en el proceso productivo y controles de calidad insuficientes, lo que derivó en una contaminación del medicamento que luego fue distribuido en el sistema de salud. 

El caso generó una fuerte reacción de familiares de las víctimas, que reclaman justicia y cambios estructurales para evitar que se repita una tragedia similar. La participación de estos grupos en el proceso de auditoría busca garantizar mayor transparencia y responsabilidad institucional. 

La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevas imputaciones, mientras crece la presión para esclarecer el rol de los organismos de control en una crisis que dejó en evidencia graves falencias del sistema sanitario argentino.