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Causa por el Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía inspeccionó los caños
La UFI de Delitos Especiales recorrió distintos puntos del trazado del acueducto para verificar la obra investigada por presuntas irregularidades.
POR REDACCIÓN
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum avanzó con una nueva medida clave. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales realizó una inspección ocular en distintos puntos del trazado donde, según el proyecto original, debía instalarse el ramal de caños del sistema hídrico.
El procedimiento se desarrolló el pasado 10 de marzo en el marco del legajo 33347/25, caratulado “Actuaciones por denuncia e/p Administración Pública”, y contó con autorización de la jueza de Garantías Verónica Lucero. La medida fue encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.
Durante la jornada, los funcionarios judiciales recorrieron distintos sectores vinculados al desarrollo de la obra para verificar el estado del trazado y relevar información en el terreno sobre los trabajos ejecutados.
El recorrido comenzó en el obrador de la unión transitoria de empresas (UTE) encargada de la obra, ubicado a orillas del paredón del dique Punta Negra, en el departamento Zonda. Luego la inspección continuó por distintos puntos de la Ruta 12.
También se realizó un relevamiento en el interior de Villa Tacú, en la zona del cerro donde el proyecto contemplaba la construcción de un túnel para permitir el paso del sistema de cañerías.
Posteriormente, la comitiva judicial inspeccionó una obra ubicada en el costado norte de la avenida Libertador General San Martín, en las inmediaciones del cementerio El Mirador. El recorrido concluyó en la planta potabilizadora de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) en Marquesado.
La inspección contó con el apoyo de personal de la Brigada de Delitos, de Policía Científica y de la Policía Rural, que aportó drones para realizar tomas aéreas del trazado. También participaron efectivos de la Seccional 14 y técnicos de OSSE.
Un caso que se abrió por pedidos de informes y denuncias
La causa judicial se inscribe dentro de una serie de cuestionamientos que comenzaron a tomar forma tras el cambio de gobierno en la provincia. El ingreso masivo de pedidos de informes impulsados por el oficialismo en la Cámara de Diputados sobre decisiones tomadas durante la gestión de Sergio Uñac, en el período 2020-2023, permitió que comenzara a conocerse información precisa sobre distintas obras públicas.
Uno de los expedientes que mayor atención generó fue el vinculado al Acueducto Gran Tulum, una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable en el Gran San Juan y que, según indicaron desde el actual gobierno, viene siendo revisada por la nueva conducción de OSSE desde el inicio de la gestión.
Según explicó el vicegobernador Fabián Martín, uno de los puntos centrales bajo análisis es la pérdida de aproximadamente 10 kilómetros de caños que habrían sido instalados inicialmente y luego retirados.
De acuerdo con esa investigación preliminar, esos caños no serían aptos para un acueducto de estas características. El motivo es que estaban diseñados para transportar líquidos por declive —es decir, por gravedad— y no soportan la presión de bombeo necesaria para el funcionamiento del sistema.
Como consecuencia, los caños debieron ser desenterrados y descartados, lo que generó una pérdida económica significativa.
Una pérdida estimada en US$50 millones
Desde el Gobierno provincial estiman que la pérdida asociada a esos 10 kilómetros de caños alcanza los US$50 millones. La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de US$200 millones.
El proyecto fue financiado en partes iguales: un 50% con fondos internacionales provenientes de préstamos de Kuwait y Australia, y el otro 50% con recursos aportados por el Estado nacional.
Los trabajos iniciales se realizaron con el financiamiento nacional, que cubrió aproximadamente la mitad del crédito previsto para el proyecto. Ese dinero fue utilizado para la instalación de los 10 kilómetros de caños que luego debieron ser retirados.
Posteriormente, durante la gestión anterior, se colocaron nuevos caños utilizando fondos provinciales. Sin embargo, esos materiales también quedaron bajo análisis técnico para determinar si son aptos para soportar el sistema de bombeo que requiere el acueducto.
Actualmente, la conducción de OSSE aguarda un informe técnico que será elaborado por una entidad universitaria de otra provincia. Ese estudio deberá determinar si los caños actualmente enterrados —que se unen mediante procesos de termofusión— pueden utilizarse para transportar agua bombeada en un sistema de esta magnitud.
El resultado de ese informe podría conocerse en las próximas semanas y será clave para definir el futuro de la obra.
Antecedentes políticos y administrativos
La situación también tiene antecedentes políticos. Durante la campaña electoral de 2023, el entonces candidato Eduardo Cáceres denunció públicamente la pérdida de los caños del acueducto y difundió imágenes de los materiales descartados a la vera de la ruta.
En paralelo, se recuerda que entre 2019 y octubre de 2023 la presidencia de OSSE estuvo a cargo de Guillermo Sirerol, organismo que dependía en ese momento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos conducido por Julio Ortiz Andino.
Mientras tanto, la Justicia comenzó a avanzar en su propia investigación. La inspección ocular realizada esta semana forma parte de las primeras medidas destinadas a reconstruir cómo se ejecutó la obra, qué materiales se utilizaron y si existieron posibles irregularidades en la compra y colocación de los caños del Acueducto Gran Tulum.