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Fiscalía investigó la obra del Acueducto Gran Tulum y analiza documentación
Fiscales recorrieron distintos puntos del trazado para verificar el estado de la obra investigada por presuntas irregularidades.
La Fiscalía de San Juan realizó una inspección ocular en distintos puntos del Acueducto Gran Tulum como parte de una investigación preliminar iniciada tras una denuncia por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra. El procedimiento se llevó a cabo el martes 10 de marzo y consistió en un recorrido por varios sectores del trazado del sistema hídrico, con el objetivo de observar en terreno el estado de los trabajos y relevar información que permita avanzar con el análisis de la documentación reunida en el expediente judicial.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un abogado particular que citó publicaciones periodísticas donde se advertían posibles irregularidades en la obra pública. Entre los puntos que motivaron la investigación se encuentra la supuesta pérdida de aproximadamente 10 kilómetros de caños que habrían sido colocados en una primera etapa del proyecto y luego retirados, lo que representaría un perjuicio económico millonario para el Estado.
Según estimaciones difundidas públicamente, esa situación podría implicar una pérdida cercana a los 50 millones de dólares dentro de una obra que fue financiada por unos 200 millones de dólares. A partir de esa presentación, la Fiscalía comenzó a solicitar documentación a distintos organismos vinculados con el proyecto para analizar cómo se ejecutó la obra, qué materiales se utilizaron y si existieron irregularidades administrativas o técnicas.
“Se trata de una denuncia de carácter general que menciona posibles irregularidades en la obra sin señalar responsables específicos, por lo que la investigación abarca todos los aspectos relacionados con su ejecución”, explicó a DIARIO HUARPE el fiscal Sebastián Gómez.
Inspección en el terreno
En ese marco, los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales realizaron una inspección ocular en distintos sectores del trazado del acueducto para tomar dimensión de la obra en el terreno. El recorrido comenzó en la zona del dique Punta Negra, donde se encuentra el punto de inicio del sistema, y continuó por distintos tramos del trazado hasta otros sectores donde se ejecutaron trabajos vinculados al proyecto.
“El día martes 10 de marzo se realizó una inspección ocular en el marco de la causa del acueducto, en la cual visitamos distintos puntos del trazado para observar la obra y recabar información relevante para la investigación”, explicó el fiscal Francisco Pizarro.
Durante el procedimiento participaron distintas áreas de la Policía de San Juan y organismos técnicos que colaboraron con el relevamiento. Según indicaron desde la Fiscalía, también hubo asistencia de personal de Obras Sanitarias y de la unión transitoria de empresas que ejecuta la obra, quienes facilitaron el ingreso a los sectores inspeccionados.
“El objetivo de esta medida fue complementar la documentación que se encuentra bajo análisis y tomar dimensión en el terreno de las características de la obra que se investiga”, señaló Pizarro.
Estado de la causa
Los fiscales aclararon que hasta el momento no existe ninguna persona imputada en el expediente y que el proceso se encuentra en una fase preliminar de análisis de pruebas. “No estamos investigando a una persona en particular, sino a todos los aspectos vinculados a la obra y a quienes hayan participado en su ejecución”, sostuvo Pizarro.
También indicaron que la inspección ocular no implica conclusiones sobre eventuales irregularidades, ya que los resultados de la investigación dependerán del análisis técnico y documental que se realice en los próximos meses. “No podemos adelantar ninguna conclusión porque la causa está en pleno proceso investigativo. Una vez que se analice toda la prueba, se evaluará si corresponde formalizar una imputación o desestimar la denuncia”, explicó el fiscal.
En cuanto a los plazos, desde la Fiscalía señalaron que la etapa de investigación previa tiene un período inicial de 90 días hábiles, que puede ser prorrogado por un plazo similar si las tareas investigativas lo requieren.
“La investigación continuará con el análisis de la documentación reunida y con otras medidas que se consideren necesarias para determinar si existieron irregularidades o si corresponde archivar la denuncia”, concluyeron los investigadores.